El taxista que provocó la operación de Hacienda
denunció a doce floteros
El patrón advirtió a
la Fiscalía de la explotación irregular de más de 230 licencias
06.07.2013 | 02:10
El taxista que provocó la operación de Hacienda
denunció a doce floteros Santi Blanco
Teresa García El patrón que
desencadenó la operación contra floteros del taxi por presunto fraude fiscal
denunció ante la Fiscalía de Delitos Económicos a un total de doce floteros que
explotan irregularmente más de 210 licencias. En la denuncia presentada el 22
de febrero de 2012, que provocó la apertura de una investigación por parte de
la fiscal Eva Ríos, Expedito Suárez, presidente de la Asociación de Titulares
de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlatc), acusa también de presunto
encubrimiento del fraude de los floteros a José Luzardo, presidente de la
Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT).
De hecho, la sede de la ATAT fue una de las asociaciones de taxistas que
han sido registradas durante la operación puesta en marcha el pasado martes por
la titular del juzgado de Instrucción número 8, Victoria Rosell, que se ha
saldado por el momento con la imputación de siete floteros por delitos contra
la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad en documentos oficiales y
contra los derechos de los trabajadores. Otros 13 floteros se enfrentan a una
investigación paralela de la Agencia Tributaria.
Entre los floteros denunciados por Suárez, uno de los cuales explota más de
50 licencias de taxi, figuran tres patrones que fueron investigados en la
redada que se llevó a cabo en 2010. Al respecto, señala que dos de estos
floteros siguen con "sus licencias supuestamente arrendadas" y "
tan sólo han cerrado el taller, pero se sigue trabajando de puertas
adentro".
En cuanto al tercer investigado en la operación de 2010, que incluso llegó
a estar imputado por presunto fraude a la hacienda pública, tampoco "ha
cambiado su situación" y "supuestamente sigue con el mismo fraude
fiscal", advierte Suárez, que creó en 2011 la asociación para luchar
contra la explotación irregular de licencias de jubilados o viudas.
Recaudación
También aparecen en la denuncia al menos dos de los siete detenidos el
pasado martes: M. G. S., al que Suárez acusa de tener arrendadas más de
cuarenta licencias, así como su hijo, J. G. A., que "se encarga de recoger
la recaudación de los conductores". Fue precisamente en casa de M. G. S., donde se encontraron 140.000
euros en metálico dentro de un sobre, según confirmaron fuentes judiciales.
En la denuncia, a la que tuvo acceso este periódico en 2012 cuando fue
presentada ante la Fiscalía, Suárez acusa a José Luzardo, de estar "dando
cobertura" a los floteros desde la ATAT, "dándoles su teléfono a los
taxistas que se iban jubilando o a las viudas que aprovechándose de su total
desconocimiento del sector las manipulan al ir a regularizar su
situación".
Suárez asegura que cada chófer liquida por turno al flotero 50 euros al
día, "lo que significa 100 euros por coche al día. Ese dinero no se
declara por ningún lado, entre otras cosas porque las empresas están a nombre
en su gran mayoría de jubilados o viudas del sector. Tener 20 coches arrendados
significarían unos ingresos de 2.000 euros diarios sin declarar. El beneficio
radica", añade, en contratar por "dos horas" a los asalariados,
cuando en realidad trabajan muchísimas más horas, o tenerlos "sin contrato
los fines de semana".
El representante de la Atlatc asegura, por otro lado, que la ATAT se
financia, entre otros ingresos, "con la venta ilegal de periódicos, ya que
los mismos son entregados gratuitamente por las editoriales para repartirlas
entre los taxistas a través de las cooperativas", con el objetivo de que
los clientes puedan leer la prensa durante el trayecto.
La ATAT, afirma, "los vende a 50 céntimos, lo que le supone un
montante anual de 46.397,17 euros que ellos tienen reflejados como donación
taxistas periódico, según el balance de cuentas que presentaron a sus socios en
la asamblea que tuvieron en el año 2011".
Expedito Suárez informa en su denuncia que la asociación que preside
Luzardo, a la que pertenecen más de 800 socios, "lleva años coqueteando
con la política para" recibir "subvenciones siendo ellos los que las
reparten y las dan a dedo". En 2009, añade, "se denunció tal
irregularidad ante el Cabildo de Gran Canaria" y "no se hizo
absolutamente nada".
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