Núm. 362 0ctubre 2026 -
La Gaceta del Taxi
Entre innovación y poder, ahora se mezcla el dilema de
la regulación digital.
Después de todo este vaivén tecnológico que ha estallado en todo el mundo, las potencias mundiales intentan frenar el poder “sin límite” de las grandes tecnológicas.
El
rápido avance de modelos de lenguaje y sistemas automatizados, ha generado una
profunda preocupación sobre la soberanía cognitiva, la profesionalidad de las actividades
económicas y, el desplazamiento laboral, discutiéndose, si esta tecnología
beneficia a la humanidad o sirve para profundizar las desigualdades sociales. El
equilibrio de poder es tan delicado que existen tensiones constantes entre los
gobiernos que ahora buscan regular la tecnología y las empresas que la
desarrollan y la monetizan. Pero hasta qué punto puede tener valor ciertos acuerdos o sus complicadas alianzas.
Los
gobiernos muestran preocupación y, en muchos casos, han generado un pulso
constante entre la regulación estatal y el control algorítmico de
las grandes tecnológicas. Cuando se
quisieron dar cuenta, los líderes políticos empezaron a mantener pulsos
públicos con los dueños de las plataformas ante la percepción de que estas infraestructuras
privadas amenacen el orden político establecido. Esta percepción de temor ha ocasionado
cierta reacción que se traslada a implantar leyes para forzar a las plataformas
a moderar contenidos y cumplir con la normativa existente o de la que se oferta
para conseguir tal fin. Las normas intentan
frenar la opacidad del código fuente, proteger los derechos
fundamentales y garantizar la transparencia administrativa.
En el
circulo administrativo, las instituciones -europeas y nacionales- han
reaccionado tarde y mal con normativas ambiguas y procesos legislativos tan
farragosos que favorecen en la práctica, a las megacorporaciones que cuentan
con despachos jurídicos millonarios y ejércitos de lobistas. Estas
megacorporaciones invierten mucho en influencia institucional, asesoramiento
jurídico para condicionar cómo debe de legislar los gobiernos ya que regularlas
demasiado, era tocar un modelo económico nuevo que aún no está del todo
definido.
Por
ello, tras una década, actualmente
los gobiernos se lamentan de porque se les ha ido de las manos, ahora emprenden
ciertas acciones ante este extractivo poder, a través de acuerdos o, alianzas y, aquellos países menos favorecidos, se sitúan
en el
gran reto al crear normas que impidan que estos gigantes sigan
abusando de su posición. Los gobiernos para no perder soberanía, intentan hacer
regulaciones más estrictas que evite la violación
de las normas antimonopolio, que impidan ventas a pérdida para eliminar
potenciales competidores o utilicen de manera ilegitima los datos de clientes y
usuarios y, en materia de movilidad urbana potenciar medidas ante
preocupaciones sobre seguridad, congestión y uso del espacio público. Por eso,
estamos viendo una “guerra regulatoria” que evite un traspaso de poder,
incorporando multas multimillonarias, evitando intentos de fragmentar las empresas,
e incorporando la creación de monedas digitales estatales para no perder el
control del dinero frente a las criptomonedas o sistemas de pago de las Big
Tech.
En acciones a nivel mundial, los países están implementando leyes para mantener datos sensibles
dentro de sus fronteras (“soberanía digital”). Estas regulaciones también afectan a los
desarrolladores nacionales, que son los responsables de los contenidos
generados por la IA. Deben pasar auditorías de seguridad cuyo contenido no
subviertan el poder de los Estados, derroquen el sistema democrático, inciten a
la secesión ni socaven la unidad nacional. Los Estados buscan fomentar su propia IA para
no depender de terceros, con estrategias como la España Digital 2026.
En el caso de la UE, las acciones llevadas a cabo, se basa en la
puesta en marcha de la
ley de IA (AI Act) oficialmente, como el Reglamento
(UE) 2024/1689, pionera en limitar sistemas de alto riesgo. Es el primer
marcó legal integral sobre IA a nivel mundial y constituye un hito en la
forma de abordar esta tecnología, cuyo objetivo fundamental es la ética,
transparencia y seguridad.
Aunque desde Bruselas, el Parlamento europeo merece un "verdadero
reconocimiento" por ser la primera jurisdicción del mundo en aprobar
una normativa que mitiga los numerosos riesgos de la IA, la regulación
final presenta varios problemas. Europa experta en normas regulatorias
responde con una avalancha normativa (toda una serie de medidas) que puso en
marcha con la Ley de Servicios Digitales
(DSA), la
Ley de Mercados Digitales (DMA) y, la recién nacidas Ley de Inteligencia Artificial (IA), que son las tres
grandes leyes europeas, “garantizando” que los sistemas comercializados en el mercado europeo y
utilizados en la UE sean seguros, estableciendo igualdad de condiciones para
las empresas y, que se respete los derechos fundamentales de los usuarios y los
valores de la UE.
La ley de la IA vigente desde agosto 2024 y de plena aplicación
en 2026, crea un marco de cumplimiento por parte de las BIg Tech, clasificando
a su vez, según el riesgo, en inaceptable,
alto, limitado y mínimo.
Dícese por Riesgo Inaceptable (Prohibidos): aquellos
sistemas que manipulan comportamientos humanos, técnicas subliminales,
puntuación social (social scoring) o identificación biométrica remota en
espacios públicos. En Alto Riesgo: sobre
aquellos sistemas utilizados en infraestructuras críticas, educación, empleo,
servicios públicos o justicia. Requieren evaluaciones de conformidad, gestión
de riesgos y transparencia antes de salir al mercado y, por Riesgo
Limitado/Mínimo: a las obligaciones de transparencia (notificar que se
interactúa con una IA) o cumplimiento voluntario.
Sin
embargo, esta Ley tiene varias puertas de salida, porque la Comisión Europea
presentó ese código definitivo que dejaba en manos de las empresas acatar o no,
dicha norma. Esa puerta abierta que ofrece la IA, a los gigantes tecnológicos,
invita que se desmarquen del código de conducta.
Un
código de conducta que puede generar incertidumbres legales para los modelos de
inteligencia artificial y también poner algunas restricciones, por
ejemplo: este código de conducta pide que las empresas actualicen continuamente
la documentación cada vez que aparecen servicios o herramientas nuevas en estos
modelos de inteligencia artificial y también incluye que no utilicen
contenido pirata en el proceso de aprendizaje de los modelos de inteligencia
artificial.
Cita:
Cuando el poder público
deja de marcar las reglas, el mercado no se autorregula: se impone, porque
cuando la política cede, el algoritmo gobierna. Manu Sánchez. Centésima quinta
entrega (27 de septiembre del 2026) – (1012)