El exceso de oferta de taxis podría conllevar la posibilidad de retirar autorizaciones a cambio de que los taxistas que las explotan reciban una compensación. Sin embargo, estudios realizados por el Ayuntamiento de Madrid reflejan que el sector está totalmente sano. Es lógico que la administración pública desvíe la situación hacia un estado de excelente garantías económicas para demostrar mediante este estudio que mantiene la rentabilidad mínima que se les exige por normativa.
Por consiguiente, el Ayuntamiento no ve necesario que, tanto en Madrid como en Barcelona no estarían, a priori, en el grupo de ciudades en las que urge reducir licencias.
A pesar de la irrupción de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y todo el nuevo sistema de movilidad urbana que se ha montado en la capital.
El estudio del servicio del taxi, que hay que decir que fue encargado por el ente local, por ejemplo, toma como referencia 11 horas de media diarias de trabajo y cinco días a la semana. Un taxista que haga un solo turno y cotice en el Régimen General cobraría 2.558,19 euros netos al mes, si ese taxista cotiza por módulos, cobraría 2.419,71, y si son dos profesionales en dos turnos, cada uno cobraría 3.021,60 euros mensuales.
Este es un asunto espinoso para una administración donde intenta oscurecer ante unos hechos reales una situación de sobredimensionamiento del sector, haciendo omisión e inacción de sus funciones ante la poca eficacia administrativa y de gestión que actualmente acompaña en estos nuevos aires económicos sosteniéndose en la transformación digital.
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El sector ante tus está especulación debe de exigir la regulación de los transportes urbanos. Inevitablemente los poderes públicos deberán abordar este asunto en su conjunto y reordenar las distintas actividades estableciendo unas nuevas reglas del juego para todos los implicados, patinetes, “sharing”, transportes turísticos, autobuses, VTC, y por supuesto, el taxi.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha anunciado una nueva Ley de Movilidad Sostenible, y debe ser en el contexto de ese instrumento donde precisamente el Gobierno proceda a la justa compensación a los taxistas de los despropósitos reguladores sufridos en más de una década.
