Núm. 358 junio 2026 - La
Gaceta del Taxi
Durante años,
gobiernos, políticos, juristas y actores económicos defendieron que la
innovación tecnológica debía desarrollarse sin trabas. La tecnología era
presentada como una fuerza inevitable y beneficiosa que llegaba para quedarse,
siendo necesario no poner puertas al campo y permitiendo que dicha innovación
evolucionara libremente, (eslogan que durante mucho tiempo se inyectó en la
sociedad, como corriente única de opinión).
Dejaron
que su irrupción creciera libremente sin ataduras en todos los campos, que hoy
perciben con cierto temor. Se manifiesta no solo por la posible pérdida de soberanía informativa,
sino ante la percepción de que estas infraestructuras privadas amenacen la
soberanía nacional, la democracia, la seguridad ciudadana polarizando la
sociedad
y el orden político establecido
entre otras muchas situaciones más.
El paso del
tiempo ha revelado una realidad más compleja. Hoy muchos Estados observan con
preocupación cómo las grandes corporaciones tecnológicas y la inteligencia
artificial (IA) han acumulado una capacidad de influencia que trasciende el
ámbito económico alcanzado dimensiones políticas, sociales y geopolíticas.
Entienden que las megacorporaciones tecnológicas "Big Tech y la
inteligencia artificial (IA)”, han adquirido demasiado poder, aumentando la batalla por liderar
esta nueva era que intensifica a su vez, en una inquietud propia de los
inversores que empiezan a preguntarse si el verdadero negocio ya no está en las
plataformas digitales, sino en las fábricas capaces de producir los chips
que alimentan toda la revolución de la inteligencia artificial, cuyo
resultado de ello, posiblemente que sea uno de los mayores desafíos
geopolíticos y sociales jamás visto.
Los Estados
observan como las megacorporaciones tecnológicas (“Big Tech”), ya no controlan únicamente mercados, también gestionan
infraestructuras estratégicas y esenciales, centros de datos masivos, sistema de
computación en la nube, sistemas de comunicación, modelos fundacionales y
algoritmos de decisión para el funcionamiento de las sociedades modernas que
les otorgan una capacidad de influencia sin precedentes. El riesgo percibido
Poder Político, es que estas empresas condicionen decisiones económicas,
sociales e incluso políticas por encima de la capacidad reguladora de los
propios Estados. Esta
concentración de poder ha abierto un pulso cada vez más visible entre los
Estados y las grandes tecnológicas, entre la regulación estatal y el control algorítmico de las grandes
tecnológicas.
El uso masivo
de algoritmos en las redes sociales para seleccionar contenidos, dirigir
mensajes y segmentar audiencias ha abierto un intenso debate sobre su
influencia en la opinión pública. La capacidad de estas plataformas para
amplificar determinados discursos, favorecer la polarización o influir “supuestamente”
en procesos electorales genera una creciente inquietud entre los gobiernos. Por
ello, muchos consideran que los algoritmos pueden convertirse en auténticas
herramientas de "polarización
masiva",
capaces de alterar el equilibrio político y social de los países.
Una
realidad que en todas partes del mundo se repite los mismos reproches a los
cibercolosos que dominan la economía mundial, ya se trate de las mencionadas
compañías asiáticas, o de las estadounidenses o, de cualquier otro país. Se
denuncia que, magnates tecnológicos operan sin límites claros
anteponiéndose a los intereses generales, situación que genera una gran
preocupación por cómo los algoritmos de las
redes sociales y la Inteligencia
Artificial que dependen de
grandes volúmenes de datos, se convierten en un importante activo estratégico,
pudiendo manipular el discurso público, sesgar información, desestabilizar
sistemas democráticos. Por tanto, los gobiernos, se están empezando a centrar
en cómo hacer frente a todo esto, intentando no ceder terreno ni competencias políticas
que puedan desestabilizar un país.
Esta
dependencia ha impulsado a numerosos países a desarrollar estrategias para
reducir su vulnerabilidad, ya sea mediante nuevas regulaciones, el impulso de
tecnologías propias o la búsqueda de alianzas estratégicas que refuercen su
autonomía tecnológica y geopolítica. Existe también una preocupación por la
estabilidad democrática. El uso de algoritmos para seleccionar contenidos,
segmentar audiencias y amplificar mensajes, ha generado un intenso debate sobre
su capacidad para influir en la opinión pública, favorecer la polarización y
alterar procesos electorales. A ello se suma una creciente dependencia
tecnológica que afecta a la economía, las comunicaciones y la seguridad
nacional. Ahora está claro que esa posible falta de competencia política
debería de poner fin al privilegio de poder que han adquirido las grandes
corporaciones” comentó a la BBC Mundo - Charlotte Slaiman, directora de Política de Competencia en la
organización estadounidense Public Knowledge (Conocimiento Público)”.
Paradójicamente,
mientras aumenta esta preocupación, las grandes potencias de primera línea
(EE.UU y China), han reforzando sus vínculos con las empresas que lideran el
desarrollo de la inteligencia artificial. La razón es sencilla: la IA se ha
convertido en un activo estratégico de primer orden. Quien domine esta
tecnología dispondrá de ventajas decisivas en la economía, la defensa, la
seguridad y la capacidad de influencia global.
Por ello,
algunos analistas sostienen que existe una relación de dependencia mutua entre
Estados y plataformas tecnológicas. Los gobiernos necesitan la capacidad
innovadora de estas empresas para competir en la carrera tecnológica mundial,
mientras que las corporaciones requieren entornos regulatorios favorables para
expandirse sin ataduras. Este equilibrio explica, en parte, la rápida expansión
de las plataformas digitales en sectores como la movilidad, el comercio, la
comunicación o el consumo.
La
inteligencia artificial ha dejado de ser únicamente una herramienta tecnológica
para convertirse en una infraestructura de poder. El debate ya no gira
exclusivamente en torno a la innovación o a los beneficios económicos de la
digitalización. La cuestión fundamental es quién ejercerá el control efectivo
sobre los datos, los algoritmos y las infraestructuras que determinarán el
funcionamiento de las sociedades del siglo XXI. Porque quien controle la
inteligencia artificial no solo controlará una tecnología: controlará una parte
esencial del poder económico, político y estratégico del futuro.
Aprovecho
para aclarar que mi posición nunca ha sido contraria a la innovación
tecnológica. Sería absurdo negar los avances que la digitalización, las aplicaciones
móviles, la geolocalización, los sistemas de pago electrónico o, más
recientemente, la inteligencia artificial ha aportado a la sociedad y al propio
sector del transporte. El taxi también ha incorporado tecnología, ha
modernizado sus servicios y ha sabido adaptarse a muchas de las
transformaciones digitales de las últimas décadas. Y eso que ha existido un
supuesto juego sucio, porque mi discrepancia no radica en la tecnología en sí
misma, sino en la forma en que determinadas plataformas disruptivas irrumpieron
en actividades económicas fuertemente reguladas y sostenidas, en gran medida,
por trabajadores autónomos. Mientras el sector del taxi estaba compuesto
mayoritariamente por pequeños empresarios que asumían directamente los riesgos
de su actividad, surgieron nuevos operadores respaldados por grandes fondos de
inversión y abundante capital financiero capaces de soportar pérdidas durante
años con el objetivo de conquistar cuota de mercado.
Por consiguiente,
no cuestiono la innovación. No cuestiono la digitalización. No cuestiono la
mejora tecnológica de los servicios. Cuestiono que estos actores compitan bajo
unas reglas con alfombra roja. Cuestiono
que actividades sustentadas por autónomos deban enfrentarse a operadores
respaldados por grandes fondos de inversión capaces de asumir pérdidas
prolongadas para conquistar mercados.
El debate, por tanto, no es tecnología frente a tradición. El
verdadero debate es si la innovación debe desarrollarse respetando las mismas
reglas para todos los actores o si, por el contrario, puede utilizarse como
instrumento para alterar unilateralmente las condiciones de competencia en
beneficio de quienes disponen de mayores recursos económicos y financieros.
Este es el dilema, donde el Poder Judicial se tendrá que pronunciar.
Cita: Si el poder público, cede dejando de marcar las reglas,
el algoritmo es quien gobierna sin rendir cuentas. Manu Sánchez.
(1244)
No hay comentarios:
Publicar un comentario