Los taxistas denunciarán ante Bruselas la 'ley ómnibus'
Publicado el 22-12-09 , por M. Tejo
El Departamento que dirige José Blanco ha cerrado en falso la herida abierta con los taxistas. Este viernes, los representantes de ambas partes se reunieron para limar asperezas en torno a la denominada Ley Ómnibus, que ha suscitado el rechazo del sector en cuanto que crea "una actividad paralela al taxi y desregularizada".
Lejos de acercar posturas, la patronal mayoritaria anunció ayer que denunciará ante la Comisión Europa la norma por entender que supone una “infracción del derecho comunitario”.
La Unión de Asociaciones de Autopatronos y Empresarios del taxi (UNALT) –que aglutina al 65% del sector– se escuda en que la Directiva 123/2006, más conocida como Bolkestein, no contempla en su articulado la liberalización de los servicios de transporte.
En concreto, el artículo 17 de la norma comunitaria recoge que “los servicios de transporte, incluido el taxi, las ambulancias y los servicios portuarios deben quedar al margen de la aplicación de esta Directiva”, así como otros “de interés económico general”, concepto que engloba los servicios postales o determinadas actividades sanitarias.
Es en este punto donde está centrada la polémica, puesto que la interpretación del “no debe” regularse divide a los juristas entre quienes piensan que meter mano en este asunto excede del objetivo de la ley europea y los que no detectan una clara contradicción.
En paralelo, el taxi también instará al Congreso y al Defensor del Pueblo a plantear un recurso de inconstitucionalidad del artículo 21, responsable de la modificación de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre que, a su vez, liberaliza el alquiler de vehículos con conductor. Cabe recordar que esta modalidad de transporte (antiguamente denominado vehículo de lujo o con chófer) ya existe y está sometido a licencia. De ahí la crítica de que haya que hacer cambios más profundos para equipar ambos modelos.
La organización de autónomos de UGT (UPTA) y la Confederación del Transporte de España (CTE) no respaldan estas actuaciones, una división que también existen el Congreso: el ponente popular la Ley Ómnibus, Celso Delgado, confirmó ayer a EXPANSIÓN que su grupo continuará “cercano a las posiciones de los taxistas”, frente a la actitud del PSOE, defensor del artículo 21.
El otro frente laboral abierto se centra en la mesa negociadora del acuerdo de negociación colectiva para 2010 y, eventualmente, para 2011 y 2012 que los sindicatos y la patronal se comprometieron a zanjar en enero. Tras las Navidades, iniciarán también las negociaciones del diálogo social. CEOE avanzó ayer que esta semana presentará al Gobierno su propuesta de reforma laboral.
Guía para entender el conflicto
¿Por qué protestan los taxistas?
El pasado jueves 30.000 profesionales, según las asociaciones convocantes, secundaron la jornada de ‘volantes caídos’ para protestar contra el artículo 21 de la denominada Ley Ómnibus, que ese mismo día se votaba en el Congreso con el apoyo decisivo del PSOE y el BNG.
El motivo de la huelga: la nueva norma inaugura un servicio de transporte “paralelo” al de taxi que gozará de distintas reglas de juego en lo referente a “tarifas, controles y limitaciones territoriales”.
¿Qué dice el gobierno?
Tras la manifestación del jueves, que contó con numerosos piquetes que boicotearon a los taxistas que ese día trabajaron normalmente, el Ministerio de Fomento convocó al sector para rebajar la tensión generada y acercar posturas.
El ministro José Blanco aseguró que los taxistas habían reconocido que la denominada Ley Ómnibus no iba en contra de sus intereses, una lectura que ellos no comparten. De hecho, nada más salir de la cita aclararon que no descartan nuevas movilizaciones.
¿Se puede recurrir la ley ómnibus?
Sí, según la patronal de los taxistas y los grupos que votaron en contra del polémico artículo 21 de la norma. El diputado popular Celso Delgado explicó ayer que la transposición de la Directiva de Servicios ha sido “un exceso”.
A su juicio, para reorganizar este servicio se requiere de “una norma específica del transporte”, no “atajos” mediante la adaptación de una norma comunitaria que, a su juicio, no ha sido creada para este fin. CiU, UPyD, ERC, IU y NaBai también defendieron en el Congreso al sector.
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