Art 362 - Entre innovación y poder, ahora se mezcla el dilema de la regulación digital.

 

Núm. 362 0ctubre 2026 - La Gaceta del Taxi

 

  Entre innovación y poder, ahora se mezcla el dilema de la regulación digital.

Después de todo este vaivén tecnológico que ha estallado en todo el mundo, las potencias mundiales intentan frenar el poder “sin límite” de las grandes tecnológicas.

El rápido avance de modelos de lenguaje y sistemas automatizados, ha generado una profunda preocupación sobre la soberanía cognitiva, la profesionalidad de las actividades económicas y, el desplazamiento laboral, discutiéndose, si esta tecnología beneficia a la humanidad o sirve para profundizar las desigualdades sociales. El equilibrio de poder es tan delicado que existen tensiones constantes entre los gobiernos que ahora buscan regular la tecnología y las empresas que la desarrollan y la monetizan. Pero hasta qué punto puede tener valor ciertos acuerdos o sus complicadas alianzas.

Los gobiernos muestran preocupación y, en muchos casos, han generado un pulso constante entre la regulación estatal y el control algorítmico de las grandes tecnológicas. Cuando se quisieron dar cuenta, los líderes políticos empezaron a mantener pulsos públicos con los dueños de las plataformas ante la percepción de que estas infraestructuras privadas amenacen el orden político establecido. Esta percepción de temor ha ocasionado cierta reacción que se traslada a implantar leyes para forzar a las plataformas a moderar contenidos y cumplir con la normativa existente o de la que se oferta para conseguir tal fin. Las normas intentan frenar la opacidad del código fuente, proteger los derechos fundamentales y garantizar la transparencia administrativa.

En el circulo administrativo, las instituciones -europeas y nacionales- han reaccionado tarde y mal con normativas ambiguas y procesos legislativos tan farragosos que favorecen en la práctica, a las megacorporaciones que cuentan con despachos jurídicos millonarios y ejércitos de lobistas. Estas megacorporaciones invierten mucho en influencia institucional, asesoramiento jurídico para condicionar cómo debe de legislar los gobiernos ya que regularlas demasiado, era tocar un modelo económico nuevo que aún no está del todo definido.

Por ello, tras una década, actualmente los gobiernos se lamentan de porque se les ha ido de las manos, ahora emprenden ciertas acciones ante este extractivo poder, a través de acuerdos o, alianzas  y, aquellos países menos favorecidos, se sitúan en  el gran reto  al crear normas que impidan que estos gigantes sigan abusando de su posición. Los gobiernos para no perder soberanía, intentan hacer regulaciones más estrictas que evite la violación de las normas antimonopolio, que impidan ventas a pérdida para eliminar potenciales competidores o utilicen de manera ilegitima los datos de clientes y usuarios y, en materia de movilidad urbana potenciar medidas ante preocupaciones sobre seguridad, congestión y uso del espacio público. Por eso, estamos viendo una “guerra regulatoria” que evite un traspaso de poder, incorporando multas multimillonarias, evitando intentos de fragmentar las empresas, e incorporando la creación de monedas digitales estatales para no perder el control del dinero frente a las criptomonedas o sistemas de pago de las Big Tech.

En acciones a nivel mundial, los países están implementando leyes para mantener datos sensibles dentro de sus fronteras (“soberanía digital”). Estas regulaciones también afectan a los desarrolladores nacionales, que son los responsables de los contenidos generados por la IA. Deben pasar auditorías de seguridad cuyo contenido no subviertan el poder de los Estados, derroquen el sistema democrático, inciten a la secesión ni socaven la unidad nacional. Los Estados buscan fomentar su propia IA para no depender de terceros, con estrategias como la España Digital 2026.

En el caso de la UE, las acciones llevadas a cabo, se basa en la puesta en marcha de la ley de IA (AI Act) oficialmente, como el Reglamento (UE) 2024/1689, pionera en limitar sistemas de alto riesgo. Es el primer marcó legal integral sobre IA a nivel mundial y constituye un hito en la forma de abordar esta tecnología, cuyo objetivo fundamental es la ética, transparencia y seguridad.

Aunque desde Bruselas, el Parlamento europeo merece un "verdadero reconocimiento" por ser la primera jurisdicción del mundo en aprobar una normativa que mitiga los numerosos riesgos de la IA, la regulación final presenta varios problemas. Europa experta en normas regulatorias responde con una avalancha normativa (toda una serie de medidas) que puso en marcha con la Ley de Servicios Digitales (DSA), la Ley de Mercados Digitales (DMA) y, la recién nacidas Ley de Inteligencia Artificial (IA), que son las tres grandes leyes europeas, “garantizando” que los sistemas comercializados en el mercado europeo y utilizados en la UE sean seguros, estableciendo igualdad de condiciones para las empresas y, que se respete los derechos fundamentales de los usuarios y los valores de la UE.

La ley de la IA vigente desde agosto 2024 y de plena aplicación en 2026, crea un marco de cumplimiento por parte de las BIg Tech, clasificando a su vez, según el riesgo, en inaceptable, alto, limitado y mínimo. Dícese por Riesgo Inaceptable (Prohibidos): aquellos sistemas que manipulan comportamientos humanos, técnicas subliminales, puntuación social (social scoring) o identificación biométrica remota en espacios públicos. En Alto Riesgo: sobre aquellos sistemas utilizados en infraestructuras críticas, educación, empleo, servicios públicos o justicia. Requieren evaluaciones de conformidad, gestión de riesgos y transparencia antes de salir al mercado y, por Riesgo Limitado/Mínimo: a las obligaciones de transparencia (notificar que se interactúa con una IA) o cumplimiento voluntario.

Sin embargo, esta Ley tiene varias puertas de salida, porque la Comisión Europea presentó ese código definitivo que dejaba en manos de las empresas acatar o no, dicha norma. Esa puerta abierta que ofrece la IA, a los gigantes tecnológicos, invita que se desmarquen del código de conducta.

Un código de conducta que puede generar incertidumbres legales para los modelos de inteligencia artificial y también poner algunas restricciones, por ejemplo: este código de conducta pide que las empresas actualicen continuamente la documentación cada vez que aparecen servicios o herramientas nuevas en estos modelos de inteligencia artificial y también incluye que no utilicen contenido pirata en el proceso de aprendizaje de los modelos de inteligencia artificial.

A pesar de los intentos de regulación, muchas megacorporaciones tecnológicas han mostrado resistencia a cumplir con los códigos de conducta voluntarios, como ha sucedido con las normas de la UE, en julio de 2000 y en julio de 2025. Algunos CEO de estas grandes corporaciones aprovechan su posición internacional expresando que les da igual lo que diga las leyes en los mercados, “si consiguen cambiar las leyes, bien y sino, van actuar como si no existieran”.

El consorcio tecnológico estadounidense META anunció que no firmaría el código de conducta sobre inteligencia artificial elaborado por la Unión Europea porque es muy complicado regular la IA. El responsable de asuntos globales de META declaró que la normativa europea es una exageración y que inhibe el crecimiento. Meta a la cual pertenecen Instagram, Facebook y WhatsApp, no es la única empresa que ha rechazado la norma europea, también se negaron, Alphabet y Microsoft.

Al final estamos en un nuevo capítulo de esta especie de choque de filosofías. Por un lado, la filosofía estadounidense que está más a favor de dejar a las empresas a que operen con mayor libertad sin apenas cortapisas y, luego la filosofía de las autoridades europeas en Bruselas un poco más cauta y que buscan el bien común y la regulación, pero que ninguna de estas normas, parece ser que aborda el problema central cuyo resultado es un continente regulado en exceso y, protegido en defecto.

En esta línea se expresa Max von Thun, director para Europa del Open Markets Institute, afirmando que hay importantes “lagunas jurídicas" y una “regulación relativamente débil” de los modelos de base más grandes que plantean los mayores daños. La Ley de Inteligencia Artificial es incapaz de abordar la principal amenaza que plantea actualmente: su papel en el aumento y afianzamiento del poder extremo que unas pocas empresas tecnológicas dominantes ya tienen en nuestras vidas personales, nuestras economías y nuestras democracias. El Poder político, –con cierto temor-, reconoce que endurecer las normas, implicaría un coste político inmediato, generaría un conflicto económico o mediático, así como el rechazo social de los usuarios. Por ello, están intentando “casarse” con estas plataformas disruptivas para asegurar sus propios intereses (compras públicas, infraestructuras), al tiempo que buscan desarrollar soberanía tecnológica. La búsqueda de una integración forzosa los lleva a la tendencia de no prohibir, sino consolidar.

En la búsqueda de ese equilibrio inestable se mueve hoy la política pública, intentando   aprovechar la innovación sin ceder soberanía, aunque cada paso en esa dirección implique inevitablemente, compartir poder con actores privados.  Así, el verdadero desafío para los legisladores no es únicamente regular estas plataformas, sino hacerlo sin quedar subordinados a ellas. Porque en juego no está solo el futuro de la sociedad, sino la capacidad de las instituciones públicas para seguir definiendo las reglas del sistema en beneficio del conjunto de la ciudadanía.

Como ciudadano europeo y ante la vista de todo este proceso, siempre será nuestro deber, seguir defendiendo y exigiendo a los poderes políticos,  que se mantengan los valores democráticos de una sociedad en continuo progreso y preservar o fortalecer los servicios públicos como grandes garantes de una sociedad civil adelantada a los tiempos, solicitando que se desarrollen  unas reglas claras y transparentes en la normativa en cuanto al consumo lucrativo se refiere y para el uso al que se destina, así como tipificar las infracciones que conlleven a su sanción, evitando dejar puertas abiertas protegiendo los ataques que están realizando las plataformas extractivas para cambiar dichas prácticas sociales, profesionales, laborales y políticas, tal y como ha ocurrido en el ámbito de la movilidad urbana que ha afectado al servicio del taxi.

¿Estamos ante un cambio de poder, de lo público a lo digital, de lo nacional a lo global y de la regulación a la negociación? Si regulas demasiado, frenas innovación. Si regulas poco, pierdes capacidad de control. Por eso los gobiernos hacen algo muy característico: regulan mal, tarde y de forma parcial. Un verdadero desastre. Es mi opinión una opinión más.

Cita: Cuando el poder público deja de marcar las reglas, el mercado no se autorregula: se impone, porque cuando la política cede, el algoritmo gobierna. Manu Sánchez. Centésima quinta entrega (27 de septiembre del 2026) – (1699)