martes, 24 de noviembre de 2009

ENMIENDAS EN EL SENADO LEY ÓMNIBUS

El plazo para la presentación de enmiendas y propuestas de veto quedó fijado hasta el día 20 de Noviembre de 2009.

Los grupo parlamentarios del Senado  han  presentado 255 enmiendas sobre la totalidad de la Ley.

Por parte del Grupo Parlamentario Catalán CIU, han hecho entrega de  las enmiendas 188 al artº 21.1  de SUPRESIÓN, porque  dice que dicha Ley elimina la facultad que tiene la Administración de establecer tarifas obligatorias con tarifas de referencia ,  la enmienda 189 al artº 21.2 porque reduce la facultad de la Administración para ordenar el transporte en cada territorio y  la enmienda 190 al artº 21.3 de SUPRESIÓN, justificando que la exigencia de los  títulos habilitantes conlleva la garantía del establecimiento de  los mejores servicios de transporte adecuándolo a las necesidades de la población y por último la enmienda  193 que se postulan en idénticas manifestaciones que las expuestas en el Congreso, donde en resumidas cuentas la Directiva excluye a transportes.
👇👇👇
Con idénticas referencias las efectúa el Grupo Parlamentario Entesa Cataluña de Progrés, con  la enmienda 134 al artº 21, matizando que el Estado se extralimita con dicha pretensiones, que desafortunadas, pueden provocar efectos nocivos, consiguiendo con ello el efecto contrario al perseguido, es decir:

- No obteniendo mejoras en los diferentes servicios
- Ni consiguiendo el abaratamiento de los costes
- Ni mucho menos en el modo de prestar los servicios.

Por parte del Grupo Parlamentario GPMX, en su enmienda 193, sus indicaciones las encauza a una modificación del artº 134 exponiendo que los vehículos de arrendamiento con conductor, tendrán la consideración de TRANSPORTE DISCRECIONAL de Viajeros, pero quedará a lo que reglamentariamente se establezcan regulando su otorgamiento.

Con ello lo que  pretenden conseguir es sustentar la proporción 1-30 de la Orden entre Taxis y vehículos de alquiler con conductor.

El Grupo Parlamentario Popular presenta la enmienda 170  al artº 21 DE SUPRESIÓN, donde exponen las mismas lineas que han defendido en el Congreso de los Diputados, como pueden ser:

1.- La Directiva Europea no es de aplicación a los servicios en el ámbito de transportes.
2.- Se está haciendo caso omiso al informe efectuado por el Consejo de Estado.
3.- Que los cambios que debe de producirse en la Lott debe de ser tratado por todas las partes correspondientes y no por el Gobierno por vía de urgencia, como se pretende efectuar, siendo inoportuna, máxime cuando es el propio Gobierno el que ha anunciado la presentación en el Congreso de un Proyecto de Ley de reforma de la LOTT.

En ,lo que respecta a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, le corresponde a la número 42 y 44 que son de modificación, la primera interpretan que elimina la facultad que poseen las Administraciones de establecer tarifas obligatorias y la segunda quieren mantener el artº 459 de la Lott de acuerdo con los siguientes términos:

1.- La oferta se regirá por el sistema de libre concurrencia.
2.- No se podrá establecer limitaciones o restricciones para el otorgamiento de los títulos habilitantes, SALVO las que se impongan por las normativas europeas de acceso a la profesión y de acceso al mercado de transportes.

En resumidas cuentas las eliminaciones  de los artículos 49 y 50 sobre la eliminación de todas las barreras para el libre ejercicio de la actividad, no asegura este objetivo que se pretende, pues se entiende que a la larga permitirá efectuar regulaciones posteriormente restrictivas.


EXPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Corcuera.
Señor ministro del Interior, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.

Hago uso de la palabra muy brevemente para comentar a la Cámara -lo saben bien los grupos parlamentarios- que este es el último proyecto de ley relativo a la seguridad vial que tramitaremos probablemente en esta legislatura. En la anterior cambiamos el carné de conducir y pusimos el carné por puntos; posteriormente modificamos el Código Penal para endurecer algunas sanciones. Con este cambio del procedimiento sancionador cerramos lo que podríamos llamar el paquete regulador en materia legislativa en lo que se refiere a la seguridad vial.
Saben bien SS.SS. que esta ley ha sido trabajosa. Hemos dedicado mucho tiempo en el Ministerio del Interior porque afecta a mucha gente, desde luego a muchos ciudadanos, a 24 millones de conductores, pero también a muchas administraciones. Conviene recordar hoy aquí que el 75 por ciento de las multas que se tramitan en nuestro país son multas que corresponden a los municipios. Por esa razón se concensuó la ley con la Federación de Municipios y se discutió a fondo con los dos grandes ayuntamientos españoles, Madrid y Barcelona, hasta alcanzar un consenso, un consenso que posteriormente se ha extendido a esta Cámara, y creo que hoy podemos decir que el Congreso y el Senado se suman en las grandes líneas, en los grandes principios a este gran texto de ley.
Es un texto de ley que, como han recordado los portavoces, pretende esencialmente hacer un régimen sancionador más inmediato. Todo el mundo está de acuerdo en que cuanto más cerca esté el castigo -si se me permite la expresión- de la infracción tanto mayor es su valor pedagógico.

Finalmente castigamos no por el placer de hacerlo, sino para que la gente no lo vuelva a hacer. Todo el mundo reconoce que es más eficaz el régimen sancionador, por tanto, se hace un régimen sancionador, como recordaba el señor Corcuera, más fácil de entender para los ciudadanos, más fácil de gestionar para la Administración, más transparente y con más garantías.

Creo que esto merece la pena resaltarlo aquí. 
Con ello ganamos todos.

Desde luego ganan las administraciones, que van a poder gestionar mejor, todas, insisto, el Estado, los municipios y también algunas comunidades autónomas. Se me olvidó decir que la ley se había hablado también con el Gobierno catalán y con el Gobierno vasco, que tienen competencias en materia de tráfico, por tanto, con todos aquellos que la vamos a utilizar. También ganan los ciudadanos. Por poner un ejemplo, presidente, y ya termino, creo que si un ciudadano comete una infracción, entiende que la ha cometido y quiere pagarla, lo tendrá mucho más fácil y le va a resultar más barato. Si siente que al imponérsele la infracción se han lesionado sus derechos, podrá recurrir mejor y más eficazmente, porque tiene más instrumentos para hacerlo. Ahora bien, si el ciudadano quiere aprovechar la oscuridad administrativa y, con la ayuda de alguna compañía que se dedica a ello, evitar la multa aun habiendo cometido la infracción, ese sí lo va a tener más difícil. Esa es la realidad de lo que hoy estamos haciendo aquí. Si la quiere pagar porque entiende que ha incumplido, lo podrá hacer más rápido y más barato; si quiere recurrir porque entiende que sus derechos han sido lesionados, lo podrá hacer mejor; si quiere aprovechar la hojarasca administrativa para escabullirse, lo va a tener peor. Esa es la realidad de la ley. Todos ganamos y, sobre todo, señorías, gana la seguridad vial.
Termino diciendo algo que me parece muy importante y que han recordado los distintos portavoces. Gracias a las innovaciones que se han hecho en estas Cámaras, hoy podemos decir que nuestras carreteras son claramente más seguras. Señorías, en el año 2003 perdieron la vida en las carreteras que dependen del Estado más de 4.000 españoles y este año espero que podamos acabar con menos de 2.000 accidentes mortales en nuestras carreteras. Estamos hablando de 2.000 personas que no han perdido la vida gracias, entre otras cosas, no solo pero entre otras cosas, a los consensos alcanzados en esta Cámara. Esa es una buena razón para que hoy, desde el Ministerio del Interior, agradezcamos a todos los grupos parlamentarios su trabajo, un trabajo de cinco años que hoy culminamos con esta ley.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro del Interior.


- PROYECTO DE LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO. (Número de expediente 121/000023.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Para la fijación de posición, el Grupo Mixto no ha solicitado intervenir. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Herrera.

El señor HERRERA TORRES: Desde el escaño, señor presidente, y de forma breve quiero fijar la posición de nuestro grupo que como ustedes saben fue crítica precisamente presentando una enmienda a la totalidad a dicha ley. La presentamos porque era la trasposición de una mala directiva, la Directiva Bolkestein, relativa a los servicios de mercado interior y aprobada en el marco de la estrategia de Lisboa, una directiva que se pulió debido a las reivindicaciones sindicales y de otros actores sociales garantizando que no afectase, por ejemplo, a las relaciones laborales o a elementos básicos, pero una directiva que cuando se traspuso, cuando el Gobierno quiso aprobarla mediante la presente ley, lo que hizo fue ser más papista que el Papa y, en vez de limitar la directiva, flexibilizó aún más aquello que venía de Europa. Resulta curioso que lo hiciesen en un contexto -el de la crisis económica, el de la crisis financiera, el de la ineficiencia de los mercados- en donde las actuaciones del sector financiero no han ido por buen camino; en un contexto en que las actuaciones depredadoras del sector multinacional y los abusos de los oligopolios en el sector de los servicios públicos requerían algo más que autorregulación.


La ley vuelve del Senado sin grandes modificaciones y con alguna enmienda en contra de la cual, ya anuncio, vamos a votar, pero si he pedido la palabra es para manifestar que, lamentablemente, en el trámite parlamentario, esta ley lo que hace es ir mucho más allá de la directiva europea o, dicho en román paladino, el Gobierno decide hacer méritos ante la Unión Europea y ante las políticas neoliberales europeas siendo más papista que el Papa, por lo cual esta ley no ha mejorado en su trámite, y todos aquellos elementos que denunciamos y que no voy a exponer ahora porque ya aludimos a ellos en el debate de totalidad se mantienen. De ahí nuestra postura crítica en torno a la ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Nuestro discurso es simétricamente contrario al realizado, con todo respeto, por el señor Herrera anteriormente. Entendemos que es una correcta adecuación no de la directiva como tal, dada la naturaleza jurídica de esta peculiar directiva y la dialéctica entre las directivas que se basan en los conceptos de norma mínima, norma más favorable a la hora de su aplicabilidad. La adaptación de la directiva es correcta por parte del legislador español y desde esa perspectiva no tenemos ninguna objeción que hacer y manifestamos nuestro voto positivo.
Señor presidente, otra era nuestra opinión respecto a la Directiva de Servicios cuyo debate se inicia esta tarde en la Comisión de Economía del Congreso. Ahí tenemos más reservas, tenemos más dudas, pero dentro de esa dialéctica de norma mínima, norma más favorable, no entendemos que haya elementos regresivos en cuanto al ordenamiento jurídico español en relación con las distintas materias que en esta directiva se trasladan al mismo. Por tanto, señor presidente, nuestro voto es favorable.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario (Convergència i Unió) también valora positivamente todos aquellos aspectos relacionados con el proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en el que podríamos destacar cuatro o cinco aspectos que nosotros consideramos relevantes como podrían ser la inclusión de supuestos en la definición de razón imperiosa del interés general, de acuerdo con la directiva y la jurisprudencia europea. Al mismo tiempo, también consideramos relevante adecuar la redacción de la directiva en relación con el requisito prohibido de tarifas obligatorias mínimas o máximas, que podría conllevar efectos perversos, como se especifica en la justificación de la enmienda, así como también la posibilidad de prever la creación de ventanillas únicas, posibilitando que cada administración pública en el ámbito de sus respectivas competencias instrumente su ventanilla, y también la posibilidad de incluir que la elección de la lengua de formalización del contrato de prestación de servicios corresponde al consumidor. Finalmente, también es interesante desde nuestro punto de vista que se haya podido modificar la redacción del proyecto de ley en relación con el requisito de prohibir la naturaleza económica de acuerdo con la directiva. En cuanto a la redacción del proyecto de ley, podría contemplar genéricamente muchos supuestos distintos a los previstos en esta directiva. Por tanto, también vamos a votar en esta misma dirección.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Nadal.
El señor NADAL BELDA: Gracias, señor presidente.
Intervengo también desde el escaño. Aquí vuelve del Senado la norma más importante dentro del proceso de transposición de la Directiva de Servicios. Es la ley paraguas, es la ley que tiene que decir a todos cómo tienen que trasponer. El texto que salió del Congreso fue un texto en el que se aproximaron bien las posiciones de los distintos grupos, pero especialmente fuimos muy exigentes desde el Grupo Popular mejorando sustancialmente el texto y por esta razón ese es el texto que debe mantenerse, puesto que ha sido de una enorme utilidad e incluso ha sido muy apreciado por el propio Gobierno con las mejoras que el Grupo Popular ha introducido. Otra cuestión será el proceso legislativo de aplicación de esta normativa al conjunto de normas del Estado, que es el que empezará esta tarde en Comisión, en el que las diferencias con el Gobierno son mucho más importantes, especialmente porque hay determinadas cuestiones como puede ser el comercio minorista o como pueden ser los colegios profesionales, en los cuales los planteamientos del Gobierno no coinciden con los que el Partido Popular hace. En este sentido, sobre la ley paraguas nuestro grupo mantiene el texto que salió del Congreso y el resto del proceso legislativo llevará una discusión mucho mayor.
Muchas gracias
.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nadal.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Meritxell Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme empezar mostrando la satisfacción por estar en la fase final del trámite parlamentario para la aprobación definitiva de una ley que traspone la Directiva de Servicios haciendo realidad una oportunidad para el sector. La ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio forma parte del núcleo medular del proceso real de integración europea. Todos debemos ser conscientes de que estamos en un momento importante de la integración y de la construcción de la Unión Europea, ya que confluyen tres regulaciones muy interrelacionadas y de gran profundidad: el conocido proceso de Bolonia, las cualificaciones profesionales ya traspuestas en España y, en relación con el ejercicio profesional, el proyecto de ley que hoy debatimos aquí junto con dos proyectos de ley adicionales que están en tramitación, la ley del comercio minorista y la conocida como ley ómnibus, de modificación de 47 leyes de nuestro ordenamiento jurídico.
Señorías, con la incorporación de estas normas comunitarias a nuestro ordenamiento, estamos liberalizando el sector servicios, pero también estamos construyendo Europa. Los objetivos principales de la directiva y por tanto del proyecto de ley que hoy aprobamos son, en primer lugar, un cambio de la concepción en las relaciones entre administraciones públicas y ciudadanía, así como un cambio también en la relación entre las propias administraciones públicas, articulando la exigencia de cooperación interadministrativa, la simplificación de la Administración y la modernización de la misma. En España ya hemos avanzado mucho en esta misma dirección. Hoy damos un paso importante y lo damos con un amplio consenso de la Cámara. En segundo lugar, la ley busca la homologación entre Estados miembros no permitiendo discriminación alguna para conseguir un auténtico mercado único de servicios. En tercer lugar, se pretende conseguir la liberalización y la potenciación de la competencia en la Unión Europea. Por último, este proyecto de ley ofrece garantía y mejora de la calidad de los servicios para la ciudadanía de la Unión, para los usuarios, para los clientes y para los consumidores. Que la calidad llegue a todos por igual es un objetivo de este grupo parlamentario. Sin calidad, la Unión Europea no será fuerte ni ocupará el lugar de liderazgo que le corresponde en la economía mundial. Estoy segura de poder afirmar que muchos de los que estamos hoy aquí y una inmensa mayoría de los ciudadanos compartimos estos objetivos.
Establecidos los objetivos, se trata, pues, de reflexionar sobre hasta qué punto nuestra realidad está a la altura de esta meta. Creo que el diagnóstico también sería compartido.
En primer lugar, nuestras normas no responden a estos objetivos, por lo que debemos adaptar nuestro ordenamiento jurídico, y en segundo lugar, debemos trabajar todos, también el sector servicios, para que estos objetivos sean una realidad. Pasar de lo jurídico a lo real es un salto imprescindible y que demasiado a menudo en este país no damos. Así, con la aprobación de este proyecto de ley, daremos un primer paso fundamental pero no suficiente para conseguir estos objetivos y empezar a cambiar el diagnóstico. Nos tendremos que enfrentar a nuevas realidades y nuevos retos que necesitan respuestas. Nosotros contamos con el apoyo de esta Cámara. Las tres ponentes de este proyecto de ley, las diputadas Gastón, Colldeforns y yo misma, estamos convencidas de que los cambios profundos -así lo dije en la Comisión-, los cambios estructurales de un país se deben hacer aunando puntos de vista, sumando visiones diferentes, incorporando reflexiones diversas. Creo sinceramente que todos los grupos parlamentarios han contribuido a mejorar el texto y este grupo político así lo quiere reconocer.
Para finalizar, quisiera trasladarles un mensaje de fondo. En un momento difícil como el que estamos viviendo, son importantes las medidas de choque que se puedan tomar, que han sido muchas, desde las ayudas al automóvil al plan de inversión local, pero al Gobierno también se le pide que tenga visión de futuro, que sea capaz de tomar medidas a medio y largo plazo, que transforme la realidad para enfrentarnos así a los problemas futuros de otra manera. Eso es lo que estamos haciendo, una reforma de calado, un cambio de paradigma, una reforma estructural de la que tanto hablamos. Sin duda, la nueva regulación facilitará la creación de empresas, el crecimiento y el empleo, elevará la calidad de los servicios y garantizará los derechos de los consumidores y de los destinatarios de los servicios. Por eso, desde este grupo parlamentario pensamos que ha sido y es importante que el máximo de grupos de la Cámara se sume al consenso y especialmente que lo haga el Grupo Popular.
Celebramos que ello haya sido posible. En esta reforma de calado, que afectará a la economía del país a medio y largo plazo, agradecemos a los ponentes este ejercicio de responsabilidad. Esperamos y confiamos que continuarán haciéndolo en los sucesivos proyectos de ley que suponen la concreción y el despliegue de esta ley marco de principios generales que hoy aprobamos en el Congreso de manera definitiva, contribuyendo así a las reformas estructurales, como decía, que España tanto necesita. Señor Delgado, señor Nadal, han estado a la altura. Sabemos que si quieren, pueden. Solo esperamos que sigan construyendo país, porque estamos seguras de que los ciudadanos lo valorarán. No es -pensamos- el momento del tacticismo, sino el momento del interés general.
Gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Batet.


- PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE PAGO. (Número de expediente 121/000025.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de servicios de pago. ¿El Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds desea intervenir? (Pausa.) No desea intervenir. Muchas gracias, señor Herrera.
¿El Grupo Vasco, PNV? (Pausa.) Tampoco desean intervenir. ¿El Grupo Catalán desea hacer uso de la palabra, don Josep? (Pausa.) No desean intervenir. Por el Grupo Popular don Juan Manuel Albendea tiene la palabra.


Enmiendas de los diferentes grupos políticos



El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP) 

 
  
El Senador Pere Sampol i Mas, PSM-EN (GPMX)

  
  
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

 
 
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN)


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)

 

DESIGNAR PONENCIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO


DICTAMEN DE LA COMISIÓN

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN SOBRE PROYECTO DE LEY ÓMNIBUS REMITIDOS POR EL CONGRESO

No hay comentarios: