VICENTE MAGRO SERVET
Se ha aprobado
recientemente la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, que se ha venido a denominar como
"Ley ómnibus" por esa moda que hay ahora de ponerle nombres a las
leyes. Y es que, quizás, como en la actualidad se apuesta más por alterar el
lenguaje y llamar a las cosas por otro nombre en lugar de hacerlo por aquél que
les pertenece se sustituye ya el nombre propio hasta de las leyes, y en lugar
de hablar de la Ley 17/2009 se hace de "la Ley ómnibus". Pero lo
curioso es el nombre que se ha utilizado, porque esta expresión tiene su
etimología del latín y significa "para todos", cuando en realidad
muchos colectivos profesionales podrían entender que se ha llevado a efecto
frente a ellos en lugar de para ellos.
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Hace pocos días ya escribía en estas mismas páginas Isidro Echániz sobre esta
cuestión -bien como siempre- y lo hacía para poner el grito en el cielo en un
tema que posiblemente a quien no afecte directamente en este instante no le
dará importancia, pero que sí que la tiene, por la sencilla razón de que todos
somos receptores de los distintos servicios que llevan a cabo muchos colectivos
afectados por la norma.
Y lo cierto y verdad es que, aunque venga inspirada en normativa europea, una
total liberalización de actividades no supone, ni mucho menos, una mejora en la
calidad del servicio que se presta. Y no lo hace, porque la ausencia de
control que conlleva la inexigibilidad de inscribirse ahora en un colegio
profesional para ejercer una actividad profesional, cuando se consigue una
licenciatura o se accede a los requisitos exigidos en cada profesión, conlleva
la existencia de un "totum revoluntum". Lo llamamos así porque ya que
se puso el apodo latino de "ómnibus" a la norma antes citada se está
también utilizando esta expresión, más práctica y gráfica, y que se utiliza
cuando queremos dar sensación de que hay desorden en algún sitio, que está todo
formando un caos.
Los colegios profesionales han estado clamando contra esta normativa. Pero no,
como se ha dicho por los que apoyaban esta filosofía, por intereses
corporativos o profesionales, sino porque la realidad nos demuestra que no es
posible ceder un cheque en blanco a cualquier persona para que se dedique a la
actividad de prestación de servicios sin que por el ejercicio de la misma pueda
estar sometido a un control, ya ético, ya disciplinario.
La absoluta liberalización de actividades, con las excepciones que se han
recogido en la norma citada, determinará que la fiscalización que un colegio
profesional puede llevar a cabo a quien es denunciado por un particular por
haber llevado a cabo un servicio profesional de forma poco ética o con absoluta
negligencia no pueda verificarse. Es evidente, con ello, que las "ovejas
negras" que siempre existen en todas las profesiones no quieran verse
sometidos por estos controles de calidad en la prestación de servicios que
siempre tienen los colegios profesionales. Y, precisamente, son estas
"ovejas negras" las que desprestigian el buen hacer de otros
profesionales que se esfuerzan por atender correctamente a sus clientes, que
podemos ser todos -usted también, estimado lector- en cualquier momento.
¿A quién podremos ahora reclamar un servicio mal prestado cuando el
"profesional" que hemos elegido no está colegiado? Es lógico pensar
que a la larga los ciudadanos van a exigir la respuesta de calidad que da quien
está colegiado en un colegio profesional, pero este conocimiento no está
siempre a disposición de los interesados. Por ello, el presupuesto que hasta
ahora existía de la necesidad de incorporarse un profesional a un colectivo
habilitado para el ejercicio de una determinada actividad da paso ahora a una
absoluta liberalización de las actividades no excluidas por la norma, con lo
que desaparece el control profesional para aquellos que tengan una
determinada cualificación concedida por una licenciatura, pero sin que esta
quede amparada por unos requisitos de calidad mínimos que hasta ahora se
exigían.
Desde luego, si se quería mejorar la calidad de los servicios profesionales con
una norma no ha sido la forma más acertada. Ya decía George Bernard Shaw que el
éxito encubre mil desaciertos. Y muchos juristas entienden que la
liberalización total de servicios sin control y el desapoderamiento a los
colegios profesionales de la actividad fiscalizadora para el mal servicio que
puede prestarse por algunos profesionales supone un desacierto que nunca
llevará al éxito de mejorar la calidad de la prestación de los servicios
profesionales. Vamos, de los que solicitamos todos los ciudadanos de muchas
profesiones todos los días.
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