EL ACUERDO TRANSATLÁNTICO DE LIBRE COMERCIO

 

EL ACUERDO TRANSATLÁNTICO DE LIBRE COMERCIO

EL ASCENSO AL PODER ILIMITADO DE LAS MULTINACIONALES

 

Traducción de una versión reducida del documento de S2B:

“A Brave New Transatlantic Partnership”.

Traducido por Verónica Gómez Calvo, ATTAC España.

Resumen introductorio.

El TTIP ha sido vendido a los ciudadanos europeos y norteamericanos como un vehículo poderoso para mejorar el crecimiento económico, prediciendo un aumento de hasta el 1% del PIB, así como la creación de cientos de miles de puestos de trabajo. Sin embargo, parece que la fe en la liberalización comercial es tan exagerada como los beneficios que pudiera reportar. Lo que emerge de todo esto, es que el TTIP es un proyecto político transatlántico promovido por las élites políticas y corporativas sobre la promesa infundada de aumentar el comercio y el número de empleos, la misma que retrotraerá las protecciones regulatorias sociales y medioambientales, reducirá los derechos de los ciudadanos frente a las corporaciones y consolidará el liderazgo de EEUU y la UE en el mundo.

Se exageran los beneficios y se ignoran los riesgos.

La Comisión Europea llevó a cabo su propio estudio sobre el impacto del TTIP y concluyó que el crecimiento esperado en la región sería del 0.1%, y el ritmo del crecimiento en un periodo de 10 años, del 0.01% del PIB, lo que es absolutamente trivial si lo comparamos con los riesgos socio-económicos y medioambientales que puede traer como resultado.

El incremento de la competencia entre EEUU y la UE por la liberalización comercial podría desatar un proceso de reestructuración productiva que llevaría a la pérdida de puestos de trabajo (capítulo 1). Esta competición añadida incrementaría el desequilibrio ya existente entre la Europa del centro y la Europa periférica.

Por otro lado, la armonización de las regulaciones y normas a ambos lados del Atlántico sólo puede llevar a una mayor liberalización si se hace por el mínimo común denominador, es decir, implicaría una rebaja de los estándares europeos y americanos, ya que difieren prácticamente en todo, y la única forma de profundizar en el libre comercio es debilitando las regulaciones.

Por ejemplo, la protección del consumidor en Europa quedaría muy debilitada, en áreas como los alimentos modificados genéticamente, la carne tratada con hormonas y el pollo desinfectado con cloro (capítulo 3). Como resultado, las políticas europeas de agricultura sostenible podrían desaparecer totalmente, ya que la UE abriría su mercado a los productos americanos, los cuales no están sujetos a normas estrictas sobre el bienestar de los animales, o el uso de pesticidas agrícolas dañinos, a las cuales si están sujetos los productores europeos.

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Otras políticas medioambientales europeas, y de regulación financiera en EEUU, podrían verse también afectadas. El TTIP podría amenazar la moratoria europea sobre la extracción de gas de pizarra (gas de esquito) (capítulo 2), y podría debilitar también la regulación europea llamada REACH, soslayando, de esta manera, los requisitos de pruebas para miles de químicos tóxicos (capítulo 5).

Así mismo, la regulación financiera estadounidense podría estar en peligro, puesto que en la actualidad es más estricta y ejerce más control que la europea, justo en un momento en el que hasta el FMI y el BM han empezado a reconocer que el control del capital puede ayudar a prevenir y prevenir la fuga especulativa y desestabilizadora de capitales. Mientras tanto, el TTIP aboga por la liberalización de todos los servicios, incluyendo los financieros, lo que podría reforzar y promover, más que prevenir, otra crisis financiera internacional (Capítulo 6).

Al TTIP también se le conoce como TAFTA, y se propuso en Febrero de 2013, cuando Obama y los líderes de la UE se comprometieron a lanzar las negociaciones sobre el TTIP. La primera ronda fue en Julio de 2013 y se tiene la intención de acabar con estas negociaciones a finales de 2014.

Este acuerdo va más allá de simplemente eliminar los aranceles y abrir los mercados a los inversores de cada mercado, las negociaciones se están centrando en eliminar las mismas regulaciones que protegen a los consumidores, los trabajadores y el medioambiente, ya que se interponen en el camino de los beneficios corporativos. Por ejemplo, “en el sector del automóvil, no son los aranceles el mayor problema, sino las diferencias en los estándares de seguridad y medioambiente. El objetivo de estas negociaciones es reducir retrasos y costos innecesarios para las compañías” (Comisión Europea).

Con este objetivo, la UE y EEUU quieren “armonizar” sus estándares y normas, lo que equivale a una reducción y degradación de las normas sociales y medioambientales a favor de los intereses de los grandes negocios para que puedan mover libremente su capital, bienes y trabajo. Así por ejemplo, EEUU está deseando ver reducir los estándares laborales y el principio de precaución de Europa, y Europa los estándares para hacer tests, la seguridad de los aparatos médicos y medicinas, así como su régimen de regulación financiera que es más estricto. Las negociaciones pueden amenazar también la libertad en internet a través de los derechos de propiedad intelectual de las corporaciones, y tendrá consecuencias importantes sobre los agricultores, consumidores y pacientes.

Además, este acuerdo forma parte de una estrategia de la UE y EEUU para asegurar su liderazgo en los asuntos mundiales en un momento en el que se ve amenazado por el alzamiento de las economías emergentes (Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica).

Durante más de dos décadas, las corporaciones de Europa y América han estado intentando conseguir un libre mercado a ambos lados del Atlántico, para ello, muchas asociaciones industriales han presentado documentos conjuntos a favor de este acuerdo haciéndose oír con una única voz. Entre estos sectores encontramos: el automóvil, el farmacéutico, la salud, los químicos y el IT. La Comisión Europea ya ha tenido con los lobistas más de 100 reuniones, mientras deja en la más absoluta oscuridad a la población civil sobre este acuerdo.

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Por otro lado, asociaciones de consumidores, activistas del medioambiente, comercio e internet, así como sindicatos y agricultores, ya han empezado a luchar contra esta agenda corporativa, a la vez que han subrayado la necesidad de que haya un debate público sobre este acuerdo, y han puesto sobre la mesa el debate sobre la necesidad de reformar las normas del comercio internacional.

CAPÍTULO 1

Divididos, desprotegidos, y sin derecho a huelga.

Reformando los derechos laborales y la política social a favor de los intereses de las transnacionales.

Nos venden el TTIP como un acuerdo que creará millones de empleos y un crecimiento del PIB del 1%, mientras un estudio de la CE lo sitúa en 0.1% y la creación de puestos de trabajo está por ver.

Según el estudio llevado a cabo por la Comisión Europea sobre el impacto del TTIP, reconoce que el incremento comercial con los EEUU tendría un shock inicial en los sectores industriales más afectados que les llevaría a una reestructuración. Estos sectores serían aquellos que se verían en desventaja frente a la mayor competitividad americana como: los productores de carne, fertilizantes, bioetanol y azúcar, por ejemplo. También habría un declive en los sectores de equipos de transporte y el sector del metal, así como en los sectores primarios, especialmente: la madera y productos de papel, los servicios a los negocios, la los sectores de servicios personales y de comunicación. Este estudio asegura que habrá costes prolongados asociados a los ajustes substanciales que serán necesarios.

Incluso si se incrementa la demanda de trabajadores en ciertos sectores, no es menos cierto que habrá sectores que perderán trabajadores y la empleabilidad de éstos no será automática, pues necesitarán nueva formación y destrezas. Para mitigar estos impactos negativos sería necesario incorporar en el acuerdo una serie de medidas preventivas, pero éstas no se hallan en Acuerdo TTIP, ni la Comisión Europea hace hincapié en que se adopten, parece que la CE da por hecho que los gobiernos mismos tendrán suficientes recursos para mitigar estos impactos negativos.

Para poner un ejemplo, el NAFTA (acuerdo de libre comercio entre EEUU, Méjico y Canadá) incrementó el flujo comercial por tres pero la promesa de millones de puestos de trabajo – 20 millones – no se materializó. De acuerdo con el análisis del Instituto de Política Económica, el número de trabajos creados en EEUU por la expansión de la exportación, en relación al número de puestos de trabajo que se perdieron por el crecimiento de las importaciones extranjeras debidas al NAFTA, se tradujo en la pérdida de casi un millón de puestos, y no en la creación de 20 millones. Esto sin mencionar la presión hacia abajo que sufrieron los sueldos de los trabajadores, lo que contribuyó a su estancamiento desde mediados de los 70.

Según el Centro de Investigación sobre Globalización, el NAFTA permitió a las corporaciones americanas mover más fácilmente sus fondos de inversión a través de la frontera para

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establecer sus nuevas fábricas de producción en Méjico, debido a los sueldos más baratos de este país, mientras se cerraban las fábricas en EEUU. Las corporaciones incrementaron enormemente sus beneficios pero tuvo como resultado el deterioro de las condiciones laborales a ambos lados de la frontera. Los trabajadores americanos sufrieron recortes salariales o desempleo, mientras los trabajadores mejicanos perdieron sus puestos de trabajo tradicionales para ser forzados a trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud en las fábricas de las corporaciones americanas situadas en Méjico.

De acuerdo con el presidente del Instituto de Política Económica de Washington, Jeff Faux, sería inviable pretender una mayor liberalización comercial sin dar la misma prioridad al desarrollo social y laboral que se da a la protección de los intereses de inversores y financieras.

Además, en Europa corremos el riesgo de que regiones enteras de la UE carguen con los costes sociales de este acuerdo, dividiendo todavía más a los países ricos y más empobrecidos de Europa, incrementando la brecha entre los países del centro y la periferia europea. Ya en su momento, la adhesión a la UE y el Euro trajo consigo la desindustrialización de los países mediterráneos.

Los intereses de exportación americanos se dirigen precisamente a través del TTIP a los sectores principales donde la periferia europea tiene interés en defender, la apertura de este mercado transatlántico llevaría a la exacerbar la división entre los miembros ricos y pobres de la UE, precisamente en un momento en el que se debería proteger a los ciudadanos en lugar de exponerlos a la competición extrajera.

Además, los derechos laborales podrían deteriorarse a través de la “armonización” de las normas y regulaciones transatlántica, ya que los EEUU no han ratificado algunos de los estándares y convenciones de la OIT, lo que incluye el derecho a la libertad de asociación y las prácticas sindicales.

Ya en la UE, ha habido ataques recientes sobre los sueldos de los trabajadores en el contexto de la euro-crisis, el TTIP serviría al propósito de reformar la legislación laboral europea para sintonizarla con la de EEUU, lo cual incluiría una ley anti sindicalista, llamada erróneamente “Derecho a trabajar”, que ha restringido sistemáticamente la libertad de asociación de los trabajadores en EEUU.

De acuerdo con la Federación del Trabajo de EEUU y el Congreso de Organizaciones Industriales, en EEUU se ha iniciado una carrera hacia abajo en relación a los sueldos y los estándares de seguridad y salud, ya que los Estados compiten los unos contra los otros. Cuando la CE dice que “deberíamos revisar la ley laboral europea para minimizar el riesgo de reducir la inversión americana en Europa y que se desvíe a otras partes del mundo”, podríamos estar contemplando el inicio de un panorama similar entre los países europeos que deberán competir entre sí. Después de todo, las leyes laborales europeas se encuentran en la lista de “medidas no arancelarias” identificadas como un obstáculo en el camino al libre flujo comercial y de inversión.

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La reestructuración industrial provocaría la pérdida de millones de puestos de trabajo pero además, y si se cambia la legislación laboral, los trabajadores europeos no tendrían el derecho a auto-organizarse ante el crecimiento del desempleo y la austeridad en Europa.

CAPÍTULO 2

Comercializando la naturaleza por los beneficios económicos.

Destrucción medioambiental con la excusa de crear una riqueza incierta.

La propia evaluación de la Comisión Europea sobre el TTIP concluyó que este acuerdo, al tener como objetivo prioritario el incremento del comercio transatlántico, tendría como resultado inevitable impactos negativos en el medioambiente. El TTIP aumentaría la polución y el agotamiento de los recursos naturales al incrementar, la producción, el comercio y el consumo. Además, para conseguir este aumento del comercio, el TTIP necesitaría también eliminar algunas normas y regulaciones en nombre de la pretendida “armonización” y “reconocimiento mutuo” entre los estándares de EEUU y la UE. Esto debilitaría ampliamente “el Principio de Precaución” europeo, piedra angular de la política europea medioambiental, teniendo serias consecuencias sobre la salud y la seguridad de las personas y el medioambiente.

La cumbre European Business que se reunió en 2013, y cuenta con algunas de las más grandes corporaciones europeas, echa la culpa a la regulación medioambiental de colocar a las compañías europeas en desventaja con sus homólogas americanas y chinas, y por ello, están haciendo lobby a los reguladores de EEUU y la UE con la intención de que reduzcan el diferencial entre EEUU y UE.

Si esto se consiguiera, muchas de las regulaciones europeas dejarían de ser operativas. Por ejemplo, la Directiva Europea de Energías Renovables tiene muchas fisuras legales, pero al menos en principio, requiere que la materia prima utilizada para conseguir energía cumpla con ciertos objetivos de reducción de emisiones de gas invernadero y otros criterios de sostenibilidad básica.

El Etanol americano se obtiene de maíz y soja modificada genéticamente, así que no cumple con semejantes requisitos y está excluida de los incentivos relacionados con impuestos de los que se benefician otros combustibles. El etanol americano es menos competitivo en el mercado europeo y por eso, las grandes compañías de la industria agraria están tratando de asegurarse de que estos obstáculos regulatorios desaparecen de escena.

Sin embargo, si así fuera, los esfuerzos por evitar impactos dañinos sociales y medioambientales, provenientes de la controvertida producción de biocombustibles, serían baldíos.

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Fracking – La fractura hidráulica

El “fracking” ha sido tema de portada en las noticias debido a los impactos negativos de esta técnica sobre la salud y el medio ambiente, los cuales incluyen gas metano que escapa al medio ambiente (con la posibilidad de crear serias explosiones) y agua de los pozos de donde se extrae gas, que retorna a la superficie conteniendo elementos radiactivos y grandes concentraciones de sal (la cual, si se desecha incorrectamente, puede ayudar a provocar pequeños terremotos). Debido a que en EEUU la regulación medioambiental es más débil que en la UE, el “fracking” en EEUU está a la orden del día, con más de 11.400 pozos que se abren cada año para extraer gas natural.

Las compañías de energía americanas tienen los ojos puestos en las reservas de gas europeas, especialmente las de Polonia, Dinamarca y Francia, y utilizaría el TTIP para romper con las prohibiciones y moratorias que protegen a los europeos de dicha práctica. Además, el precio de gas natural americano es mucho más barato que el europeo (3$ frente a los 11-13€ por unidad). Si las compañías americanas consiguieran exportarlo a la UE a través de un acuerdo de libre comercio, aumentaría exponencialmente la práctica de la fractura hidráulica en los EEUU.

Sin alternativas frente a la globalización

Otra de las demandas típicas en los acuerdos de libre comercio, suele ser asegurar que la contratación pública está abierta a la competición extranjera, especialmente ahora, que hay muchas medidas estatales para favorecer la contratación pública de compañías nacionales frente a las extranjeras, como medida para apoyar la economía local y recuperarse de la crisis financiera.

Un ejemplo de lo que esto podría significar lo encontramos en el caso de Japón. Este país llevó a la provincia canadiense de Ontario ante la Organización Mundial del Comercio en 2010 por haber introducido una Ley de Energía Verde que tenía como objetivo expandir la producción de energía verde renovable, y crear miles de puestos de trabajo a nivel local. Bajo esta ley, todas las compañías, sean nacionales o extranjeras, deben garantizar que al menos el 60% del valor de las partes y servicios contratados deben tener su fuente original en Ontario, de modo que se estimule y apoye la economía local. Esta ley creó más de 31.000 puestos de trabajo y billones de dólares en inversión. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio dictaminó que esta ley era ilegal porque la condición de “comprar localmente” violaba las leyes de comercio internacional.

Si el TTIP incluyera un capítulo sobre la contratación pública, como así intenta. Cualquier autoridad pública que quisiera explorar modelos económicos alternativos al internacional de libre comercio correría el riesgo de enfrentarse al mismo tipo de situación con costes legales, no importa si las medidas son beneficiosas y necesarias para las comunidades locales y el medioambiente.

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CAPÍTULO 3

El último encierro

Agricultores y consumidores a merced de la agricultura industrial.

La llamada “armonización de las normas y estándares” de la UE y EEUU pretende eliminar no sólo los aranceles, sino cualquier tipo de barrera que obstaculice el comercio transatlántico. Esto nos llevaría a tener que aceptar en la UE los alimentos modificados genéticamente, la carne de ternera y el cerdo tratados hormonalmente y el pollo desinfectado con cloro, que se usa para eliminar los microbios en la producción de carne de pollo, ya que el TTIP limitaría el “Principio de Precaución” europeo en el cual se basa la regulación alimentaria y los derechos de los consumidores europeos.

Además, la reducción o eliminación de los aranceles llevaría a los agricultores europeos a una mayor competición internacional frente a las compañías agrícolas americanas. Si se llevase a cabo y de forma paralela, la eliminación de los aranceles y las barreras no arancelarias, seríamos además testigos de una mayor concentración de poder económico en manos de las corporaciones del negocio agrícola a costa de los agricultores y consumidores.

En EEUU, la granja media es 13 veces más grande que sus homólogas europeas, y como la concentración del negocio en grandes corporaciones ha sido progresiva, en la actualidad sólo hay 2 millones de granjas americanas frente a los 13 millones de granjas europeas. Además de ser más pequeñas, las granjas europeas deben atenerse a unas regulaciones y normas más estrictas. Si el TTIP se llevara a cabo según está planeado, dañaría peligrosamente los intentos de reformar la política agraria europea sobre un asentamiento sostenible, social, económica y medioambientalmente, pondría también el punto final a los pequeños circuitos que se han creado entre productores y consumidores, así como con el apoyo necesario para los sistemas de alimentación local y regional. En su lugar, la competición con los agricultores americanos nos llevaría a la aceleración de la concentración de la producción agrícola en unas pocas corporaciones, a la reducción de trabajadores del sector agrícola y consecuentemente, a un mayor porcentaje de desempleo, según reconoció el propio estudio de evaluación de la Comisión Europea.

La UE requiere que los productos que se derivan de la biotecnología sean etiquetados, lo que impide la entrada de muchos productos americanos. La Organización de la Industria de la Biotecnología de hecho, está instando para que se normalicen dichos productos, mientras la Comisión Europea (CE) ha asegurado a los consumidores que la ley sobre alimentos modificados genéticamente no se puede negociar. Sin embargo, si la CE va cediendo a la presión de las compañías sobre la Autoridad de Seguridad Alimentaria europea, podríamos ver como se debilitan estas regulaciones para equipararse a las americanas, donde los productos modificados genéticamente no necesitan ser supervisados, no necesitan realizar test de seguridad o ser etiquetados, ya que se asume que estos productos son iguales que la comida no modificada genéticamente.

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De hecho, los consumidores europeos están muy sensibilizados respecto a este tema y se oponen a este tipo de alimentos, lo que podría ser soslayado de aprobarse el TTIP, ya que este acuerdo escapa a una discusión pública abierta.

Si se legitimara la industria de los alimentos modificados genéticamente, no sólo entrarían rápidamente en el mercado europeo, sino que gracias al “reconocimiento mutuo” de estándares y normas de la UE y EEUU, estos productos importados no tendrían necesidad de etiquetarse, lo que debilitaría los derechos de los consumidores y el “Principio de Precaución” europeo.

De momento, las grandes corporaciones biotecnológicas como Monsanto, DuPont y Dow Chemical, productores de alimentos y químicos modificados genéticamente, han lanzado una campaña masiva en EEUU para contrarrestar el sentimiento público cada vez más fuerte contra estos productos. Sólo en California, la industria biotecnológica se gastó en 2012, 40 millones de dólares para derrotar una medida que proponía eliminar el etiquetaje de estos productos, hay iniciativas similares en más de 20 estados en la actualidad. El TTIP ofrecería una herramienta útil para frenar y acabar con estas iniciativas llevadas a cabo por los consumidores.

Carne tratada con hormonas y cloro.

En los años 80 y 90, la UE introdujo una serie de prohibiciones sobre algunos alimentos americanos como consecuencia de nuestras más estrictas normas de salud en la producción alimentaria y porque estos productos entrañaban algunos riesgos para la salud de los europeos.

En EEUU los agricultores crían a los terneros y proporcionan a las vacas un tratamiento hormonal para incrementar su productividad, como es el caso de la Somatrotropina Bovina Recombinante, la cual se sospecha que produce cáncer en humanos. A su vez, también se trata a los cerdos con “Clorhidrato de Ractopamina”, lo que refuerza su crecimiento. Sin embargo, esta droga con la que se alimenta a los cerdos justo hasta el momento en que se les sacrifica, ha sido encontrada en la carne de cerdo vendida al consumidor, lo que llevó a su prohibición por la UE. De todos modos, los productores de cerdo americanos sostienen que no aceptarán ninguna otra propuesta que no sea la eliminación de esta prohibición en el uso de la ractopamina en el proceso de producción, la cual creen que es una violación de las leyes del comercio internacional.

También el pollo americano fue prohibido en Europa debido a que su carne se lava con cloro, siendo además inefectivo para matar las bacterias peligrosas como la salmonella, el cloro todavía se encuentra en la carne de pollo servida al consumidor.

Dado que el objetivo del TTIP es llegar a la armonización de las normas y estándares a ambos lados del Atlántico, hay serias duda y preocupación por la eliminación de las prohibiciones europeas sin consideración por las preocupaciones y deseos de los ciudadanos europeos. Si se llegara a llevar a cabo, el impacto del TTIP afectaría al sector alimentario a todos los niveles,

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desde la producción al consumo, con las transnacionales teniendo pleno control en cada peldaño del proceso.

CAPÍTULO 4

Forzando el “ACTA” por la puerta de atrás y los derechos civiles por la ventana.

Los derechos de propiedad de los gigantes de internet por encima de los derechos de los ciudadanos

Los gigantes industriales de Hollywood y Silicón Valley, entre otros, ya han dejado claro que esperan de los EEUU y la UE que pongan el tema de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en el centro del TTIP. Argumentan que un mayor reforzamiento de los DPI protegería a las compañías de la “piratería” y estimularía la innovación, el progreso, y traería como resultado, crecimiento económico y bienestar. Sin embargo, hay razones para creer que dar más poder todavía a las corporaciones podría resucitar el espíritu del ACTA (Acuerdo Comercial de Anti-Falsificación) que se intentó aprobar sin éxito durante años y se dejó de lado definitivamente en 2012.

Los resultados podrían ser, precisamente, la restricción al acceso del conocimiento, el debilitamiento de la innovación, ahogaría los mercados e incentivaría un comportamiento poco emprendedor. También daría a las corporaciones un mayor acceso sobre la información ciudadana (a expensas del derecho civil a la privacidad), con un impacto negativo importante sobre la libertad de expresión (ya que el control de los datos que fluyen en internet serían controlados y debilitaría la libertad digital).

Cuando en el año 2006 los EEUU empezaron a negociar este acuerdo con otros países, incluidos los de la UE, se pretendía reforzar los derechos de las corporaciones a expensas de infringir el derecho a la privacidad de los ciudadanos, hasta el punto de que los proveedores de servicios de internet se hubieran convertido en una fuerza de vigilancia policial al servicio de las grandes empresas. Tras las protestas y manifestaciones masivas en diversas capitales de Europa, el Parlamento Europeo rechazó el ACTA y toda esperanza de tener éxito se abandonó para el 2012. Sin embargo, hay párrafos centrales de este documento (ACTA) que han vuelto a la vida en la versión preliminar de un acuerdo que se está negociando entre EEUU y Canadá, llamado Acuerdo General Económico y Comercial (CETA en inglés, Comprehensive Economic and Trade Agreement), y hay razones para creer que servirá como anteproyecto para el TTIP, cuando este tema vuelva a las negociaciones.

Del documento filtrado del TTIP de la Comisión Europea se deja entrever que el tema sobre los DPI volverá a ser incluido en las negociaciones con EEUU y, si sigue el mismo camino que el CETA, podríamos tener de vuelta una versión resucitada del ACTA que podría re-entrar en la legislación europea por la puerta de atrás.

Mientras en EEUU las compañías pueden usar la información personal de los clientes casi sin restricciones, en la UE los ciudadanos están protegidos por un mínimo de derechos digitales

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que evitan irrumpir en la privacidad. Esto significa que para las compañías americanas es mucho más difícil obtener la información personal de los usuarios de internet. Por ello, las grande compañías de internet como Facebook, Microsoft y Google, están presionando activamente para reforzar los DPI con la esperanza de llegar, a través de este capítulo, a la protección de información europea que debilitaría nuestros derechos digitales.

BusinessEurope y la Cámara de Comercio de EEUU, dos de las asociaciones industriales más grandes a ambos lados del Atlántico exigen lo siguiente:

“... debería ser posible incorporar la perspectiva más liberal sobre el comercio electrónico... y se debe evitar a toda costa... adoptar una estrategia innecesariamente estricta y desviadora hacia la privacidad, la retención de información, la protección y la localización”.

De hecho, Europa ha suavizado su más reciente propuesta legislativa sobre protección de datos debido a la presión de EEUU, si se añadiera un capítulo similar al ACTA en el TTIP, los europeos verían como su información personal se comparte libremente con compañías americanas a expensas de su derecho a la privacidad. La compañía Business Software Alliance (BSA), la asociación industrial principal que hace lobby en el mejor interés de las compañías de software, ya ha dejado claro que está esperando con ilusión a que “los datos crucen las fronteras” como resultado del TTIP.

Además, la introducción de un capítulo sobre los DPI nos podría llevar todavía a una mayor vigilancia de las actividades de los usuarios de internet en nombre de las entidades del sector privado.

Uno de los aspectos más controvertidos del ACTA, fue su requisito de que los Proveedores de Servicios de Internet monitorearan online el contenido de sus clientes con la finalidad de identificar “infractores”, “supuestos infractores” y “(cualquiera) involucrado en algún aspecto de (cualquier) supuesta infracción”, así como “de terceras personas supuestamente involucradas”, lo que incluiría a “(cualquier) subscriptor (de cualquier servicio de comunicación electrónica) cuya cuenta fuera supuestamente usada para infringir”. Es decir, bajo esta cláusula tan amplia, cualquier usuario podría, de facto, ser un criminal potencial con sólo apretar un botón del ratón.

También, muchas obras de autores cuyos derechos de autor son difíciles de identificar o encontrar, podría desembocar en la multa o encarcelamiento de los usuarios. En la actualidad, tanto abogados como aquellos que tienen en su poder los derechos de autor en Europa están usando fuertes tácticas para explotar a los usuarios inocentes, a los cuales piden sumas importantes de dinero bajo la amenaza de iniciar procedimientos legales.

Por esta razón, docenas de grupos de la sociedad civil de EEUU y de Europa ya están preparándose en contra de cualquier forma de inclusión de un capítulo sobre los derechos de propiedad intelectual en las negociaciones del TTIP. Especialmente en Europa, sería difícil reconciliar esta perspectiva sobre los DPI y la imagen de la UE como la antorcha de los derechos humanos de la que tanto le gusta hacer gala.

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CAPÍTULO 5

La salud: el becerro de oro para los inversores internacionales.

Envenenando a los ciudadanos y denegando el acceso asequible a servicios de salud y medicinas.

Como ya sabemos todos, la crisis financiera y las políticas de austeridad en Europa han puesto en riesgo el derecho a una sanidad pública asequible y de calidad. Contamos ya con algunos ejemplos, como los enfermos de cáncer en Grecia que no pueden acceder a las medicinas necesarias para vivir tras los recortes llevados a cabo y exigidos por los prestadores, mientras en España, se están cuestionando los tratamientos para el SIDA de los inmigrantes.

Podemos suponer que el TTIP sólo contribuirá a empeorar esta situación, puesto que la armonización de las normas y estándares a ambos lados del Atlántico se hará a la baja, degradando las más exigentes, ya que esta es la única manera de profundizar la liberalización comercial y de inversión. A la vez que la competición transatlántica entre corporaciones y el reforzamiento de las leyes sobre patentes incrementarán los precios de las medicinas y los servicios de salud, haciéndolos menos asequibles al público.

La pretendida “armonización” de los estándares y regulaciones a ambos lados del Atlántico, podría poner en peligro la seguridad pública e incrementar la contaminación medioambiental. En la Unión Europea existe un Principio de Precaución que exige hacer pruebas científicas de los productos antes de ser comercializados, y una ley (REACH) que permite a la Agencia Europea de Químicos poner restricciones sobre cómo se producen los productos químicos, cómo son vendidos y usados para proteger la salud pública y el medio ambiente. En EEUU, las normas sobre los productos químicos son más débiles y ofrecen poco margen de maniobra a la Agencia de Protección Medioambiental. Así nos encontramos con que unos 30.000 productos químicos que están asociados con el incremento de cáncer mamario y testicular, infertilidad masculina, diabetes y obesidad, todavía se comercializan en EEUU. Este acuerdo podría degradar la regulación europea y abrir el camino al flujo de químicos potencialmente peligrosos y sin testar de EEUU a la UE.

Otro aspecto controvertido es la intención de abrir la contratación pública de servicios de salud a la competición extranjera. La norma sería abrir el acceso de las corporaciones a todo el mercado y garantizar que se ofrece a las corporaciones extranjeras el mismo trato que a las compañías nacionales. Esto podría constreñir la capacidad de los estados para controlar el número y el tamaño de los proveedores privados extranjeros que entran en el mercado europeo y que dirigen los sistemas de salud europeos.

Como además, son las grandes compañías y corporaciones la que buscarán la expansión de sus actividades a través de las fronteras, es de suponer que las ONGs locales, las empresas sociales o las nacionales quedarán relegadas por los grandes competidores extranjeros. En un momento además, en el cual sería necesario promover el desarrollo local y el empleo a través de la contratación de empresas nacionales como medida para hacer frente a la crisis, ésta

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parece más que una medida totalmente contraproducente. Además, como consecuencia de todo esto, nos podríamos encontrar con que los contribuyentes estamos financiando la adquisición de nuestros sistemas de salud por las corporaciones.

El acuerdo TTIP no sólo ofrecería la venta de nuestros servicios públicos a inversores transatlánticos, también quiere reforzar los Derechos de Propiedad Intelectual, al alargar la duración de las patentes se podría provocar una disminución del derecho de los pacientes a adquirir medicinas a un precio razonable. Impediría que entraran medicinas genéricas en los mercaos y reduciría la competición para producir medicinas más baratas y efectivas. En un momento en el que las demandas fiscales sobre los servicios públicos europeos se están incrementando, los genéricos son de gran beneficio a la sociedad, ya que aseguran que los pacientes pueden acceder a medicinas de calidad a la vez que se reducen los costes. Así que permitir la competición entre las farmacéuticas y que las patentes expiren es crucial para mantener los gastos farmacéuticos bajos. Por ejemplo, en el 2000 el tratamiento anti-retroviral del VIH costaba 15.000 dólares por persona, en la actualidad el coste ha caído a 150 $ por persona, lo que es una reducción del 99% en coste.

Por otro lado, las grandes farmacéuticas usan las normas establecidas en este tipo de acuerdos para amenazar el sistema de patentes de los gobiernos. Por ejemplo, en 2012, Eli Lilly, una de las compañías farmacéuticas más grandes de EEUU, inició una demanda legal contra Canadá amparándose en las provisiones del NAFTA (Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio que incluye a los países de EEUU, Canadá y Méjico). Este acuerdo garantiza una serie de privilegios a las firmas privadas cuando ven sus “futuros beneficios” amenazados, pudiendo llevar a los gobiernos a tribunales internacionales para defender sus intereses y que no mermen los beneficios esperados.

Eli Lilly ha sido el primer intento de una corporación farmacéutica para usar los extraordinarios privilegios que les otorgan este tipo de acuerdos internacionales como herramienta para asegurarse una mayor protección del monopolio de patentes, que en esta ocasión ha desembocado en una demanda por compensación de 100 millones de dólares a la vez que pone en riesgo a todo el sistema legal de patentes de Canadá, e incrementará el coste de los productos farmacéuticos de los consumidores y gobiernos.

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CAPÍTULO 6

El alzamiento de los “Superbancos”.

Los mercados e inversores financieros se resisten a aprender las lecciones del pasado.

“Hay crecientes rumores sobre los esfuerzos de las grandes corporaciones financieras para, de manera inadvertida, y a través de acuerdos comerciales, hacer aquello que no podrían hacer de forma abierta, bajos los focos y con el público mirando”.

Senadora de EEUU, Elizabeth Warren.

Miembro del Comité del Sector Bancario del Senado de EEUU.

A través del TTIP, la UE está proponiendo liberalizar y desregular todos los sectores de servicios, incluidos los servicios financieros, a pesar de que la desregulación y la competición del sector financiero fue precisamente la raíz originaria de la crisis financiera actual que todavía afecta a las economías de EEUU y la UE.

Con el apoyo de la UE y el Reino Unido, el sector de los servicios financieros está pidiendo una mayor libertad de mercado y que se eliminen todas aquellas regulaciones que pueden interponerse en el camino a los potenciales beneficios – tales como las restricciones sobre el total del valor de las transacciones financieras o la forma legal de sus operaciones – las cuales protegen a los ciudadanos de futuros y costosos recates económicos.

En Julio de 2013, Obama se opuso a incluir un marco para la armonización regulatoria de los servicios financieros en las charlas transatlánticas, para furia de Wall Street, los bancos europeos y la propia Comisión Europea. Sin embargo, si se cumpliera tan deseada convergencia, el TTIP podría convertirse en el instrumento legal de los grandes bancos para evitar o debilitar las regulaciones nacionales. El TTIP iba a incluir, además, un capítulo para garantizar a los bancos el derecho legal a demandar a gobiernos, de esta forma los bancos extranjeros podrían eliminar o debilitar las regulaciones y normas legales y pedir compensaciones millonarias, gracias a los contribuyentes, por sus pérdidas potenciales.

La manera de prevenir la intervención de reguladores.

Para asegurarse de que no se practican regulaciones financieras, la industria de este sector está demandando una “disciplina regulatoria”. Veamos en qué consiste. Primero, ésta se introduciría a través de normas específicas que limitarían la cantidad, alcance y vigencia en el tiempo de las regulaciones ( y de los mismos procesos regulatorios) de manera que el sector permita y favorezca el flujo de operaciones financieras a través del Atlántico. Estas normas específicas, por ejemplo, dañarían seriamente los esfuerzos que se han hecho para reducir y regular “los bancos demasiado grandes para caer”. Segundo, la industria financiera está demandando que las negociaciones incluyan una cláusula llamada “transparencia regulatoria”, la cual aseguraría que cualquier borrador de regulación pudiera llegar a las partes interesadas para que las pudieran comentar, lo cual transformaría la cláusula de transparencia,

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automáticamente, en un derecho legal de la industria de este sector para hacer lobby. Tercero, el lobby de servicios europeo y americano, el European Services Forum (ESF) y la Coalición de Servicios de la Industria de EEUU (CSI), están exigiendo que el TTIP acoja una “lista negativa”, esto es, una lista donde de escriban qué sectores ( y qué servicios y productos de los mismos) no se incluirían en la privatización, es decir, automáticamente inscribiendo TODOS los servicios y TODOS los productos no listados en la privatización, incluyendo así mismo todos los que se puedan desarrollar en el futuro.

Si además tenemos en cuenta lo persistente que es esta crisis financiera, y cómo se originó a través de productos financieros muy complejos, una lista negativa como estrategia hacia la liberalización podría ser una catástrofe, si tales productos no fueran automáticamente prohibidos o sujetos a estrictas regulaciones como resultado de su inclusión directa en el TTIP.

Por otro lado, si hubiera una armonización y reconocimiento de todos los acuerdos entre dos partes sobre servicios financieros, como así están demandando los bancos, éstos podrían asentarse allí donde el marco legal les fuera más conveniente, y como consecuencia, cualquier nueva propuesta regulatoria tanto en los EEUU como en la UE sobre los servicios financieros sería inefectiva, pues los bancos podrían elegir dónde operar de acuerdo con la legislación más débil que beneficie a sus intereses.

A su vez, la Reserva Federal ha pedido más garantías que aseguren la estabilidad de los bancos americanos y otras firmas que operan en el extranjero y que están involucradas en el comercio muy arriesgado de derivados que cuestan trillones de dólares. Sin embargo, estas propuestas se han encontrado con la firme oposición del sector bancario, apoyado por las autoridades europeas que quieren proteger los intereses comerciales de los grandes bancos, y el poderoso lobby de la industria financiera.

Aunque a través del TTIP filtrado, la Comisión Europea afirma que desea cooperar con EEUU para establecer una “regulación prudencial”, de la cual, la propuesta de la Reserva Federal es un ejemplo, en realidad, tanto la UE como sus estados miembros (especialmente Reino Unido y Alemania), se han opuesto a todas las medidas propuestas.

El TTIP además, quiere incluir un capítulo para que se liberalicen todos los pagos por cuenta corriente y todas las transferencias de grandes inversiones sin casi excepciones. Esto significa que sería muy difícil restringir el flujo masivo de capitales, y que todos los controles sobre los pagos transatlánticos, tanto de bienes como de servicios, royalties y dividendos, e importantes sumas de dinero relacionadas con los servicios financieros, serían eliminados. Ahora que incluso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han empezado a reconocer la necesidad de controlar el capital para evitar y parar el flujo de capital especulativo y desestabilizador, hay un riesgo real de que, a través del TTIP, los grandes bancos pongan freno a la regulación que restringiría el flujo de capital.

Como vemos, se teme que la industria de servicios financieros intentará usar el TTIP para conseguir concesiones regulatorias a las que ningún regulador financiero hubiera accedido. Si todas las propuestas de los lobbies y este sector se incluyeran, los reguladores no tendrían casi

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espacio para intervenir en los mercados financieros, su papel se vería perjudicado seriamente en el futuro, y las poblaciones estarían sujetas y expuestas a futuras crisis financieras y nuevos rescates.

CAPÍTULO 7

Los grandes negocios demandan al gobierno y los contribuyentes pagan la cuenta.

Garantizando a las corporaciones más derechos que a las mismas personas.

El Acuerdo de Libre Comercio Transatlántico pretende restringir todavía más la intervención regulatoria estatal, e incluye así mismo en el capítulo sobre inversión internacional que se quiere incorporar en dicho acuerdo, una cláusula de resolución de conflictos entre inversores y gobierno que permita llevar a éstos ante tribunales internacionales en caso de que sus políticas dañen los intereses corporativos.

Ya hay ejemplos de ello bajo el acuerdo de libre comercio norteamericano llamado NAFTA, y otros acuerdos comerciales bilaterales, en los cuales leyes democráticas diseñadas para proteger a los consumidores y el medio ambiente han sido amenazadas por las demandas millonarias por compensación de compañías privadas. A veces, incluso la misma amenaza de iniciar una demanda ha sido suficiente para que los gobiernes abandonaran o suavizaran ciertas leyes que interfieren con los intereses de las corporaciones. En otros casos, se han constituido tribunales ad hoc con paneles de sólo tres miembros que han garantizado billones de euros a compañías privadas procedentes directamente de los bolsillos de los contribuyentes.

Como consecuencia, las compañías estadounidenses podrían soslayar los tribunales europeos y demandar a los gobiernos de la UE en tribunales fuera de nuestro territorio, cada vez que sientan que las leyes en las áreas de la salud pública, de medioambiente y protección social, interfieren con sus beneficios. Incluso, puede que los mismos gobiernos se sientan amenazados por intentar llevar a cabo una serie de políticas progresistas a favor de los ciudadanos y el medioambiente, restringiendo su poder de maniobra y la democracia misma.

El caso más reciente de este tipo de mecanismo para la solución de disputas entre inversor y gobierno ocurrió con la compañía de tabaco norteamericana Philip Morris. Ésta demandó a los gobiernos de Uruguay y Austria por sus leyes anti-tabaco. La compañía se quejaba de que los avisos publicitarios en las cajetillas de tabaco entorpecían la visibilidad de su marca y les causaba una pérdida substancial de mercado.

En otro ejemplo del año 2012, la multinacional de energía sueca Vattenfall llevó a juicio al gobierno alemán y pidió 3.7 billones de euros en compensación por la pérdida de beneficios relacionada con sus dos plantas de energía nuclear, ya que el gobierno quería desmantelarlas en fases tras el accidente nuclear ocurrido en Fukushima.

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Bajo el NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá, EEUU y Méjico) la compañía Lone Pine Resources Inc. está demandando 191 millones de euros en compensación al gobierno de Canadá, ya que la provincia de Quebec había puesto una moratoria sobre el “fracking” por los riesgos medioambientales que conlleva esta nueva tecnología de extracción de gas y petróleo.

En otro caso, Argentina congeló los rangos de interés de los servicios públicos de energía y agua y devaluó su moneda como respuesta a la crisis que vivió en 2001-2002. A esta acción le siguieron más de 40 demandas legales de grandes compañías, en las que se incluyen CMS Energy de EEUU, Suez y Vivendi (Francia), Anglian Water (Reino Unido), y Aguas de Barcelona (España). Para finales de 2008, Argentina tenía que pagar más de un billón de dólares en demandas.

“Las Naciones Unidas y el FMI avisaron de que estos acuerdos de inversión pueden dañar severamente la capacidad de los países para luchar contra la crisis financiera y económica”.

En particular, EEUU y la UE han desatado un boom sin precedentes de demandas legales de estados durante las dos últimas décadas. En 2012 se iniciaron 514 demandas de las cuales el 24% procedían de compañías estadounidenses, después les siguen las de Países Bajos, Reino Unido y Alemania. Estas demandas se han usado para amenazar en campos tan diversos como la energía verde y las políticas farmacéuticas, la legislación anti-tabaco, las prohibiciones de agentes químicos peligrosos, restricciones medioambientales sobre la minería, las políticas de seguros médicos y medidas para mejorar la situación económica de las minorías.

Además, la inclusión de esta cláusula representa para las corporaciones la esperanza de que se implante un modelo para la protección de la inversión en otros acuerdos alrededor del mundo. El gobierno de los EEUU y la Comisión Europea parecen determinados a conseguir su inclusión en el Acuerdo de Libre Comercio Transatlántico, habiendo propuesto ya la Comisión Europea una serie de detalladas sugerencias para crear este mecanismo de resolución de conflictos entre Inversor y Estado. Sin embargo, los ciudadanos y la sociedad civil se han opuesto a los excesivos derechos de las corporaciones. Según el Diálogo Transatlántico de Consumidores, “no se deberían de incluir semejante mecanismo de resolución. Los inversores no deberían ser apoyados para que demanden a los gobiernos de manera que se refuerce este acuerdo internacional en tribunales foráneos, privados y secretos, para evitar el sistema legal doméstico y las robustas medidas de protección de derechos de propiedad en los EEUU y la UE”. Así mismo, la Federación de sindicatos de trabajadores de EEUU ha afirmado que “dado el avanzado sistema judicial de EEUU y la UE” este mecanismo supone un riesgo innecesario para las políticas domésticas a nivel local, regional y nacional. Activistas del medioambiente y de los derechos civiles también se han opuesto a este asalto a la democracia, y la Conferencia Nacional de legisladores de los EEUU ha anunciado que “no apoyará una acuerdo de comercio internacional que incluya la resolución de disputa entre inversor y estado” porque interfiere con “su capacidad y responsabilidad como legisladores de los estados para decretar y reforzar normas justas y no discriminatorias que protejan la salud pública, la seguridad y el bienestar social, y aseguren la salud y la seguridad del trabajador y la protección del medio ambiente”.

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También algunos estados miembros de la UE se cuestionan la necesidad de incluir esta cláusula de protección de la inversión, y otros están preocupados por la intervención del sector financiero estadounidense que podría amenazar las políticas que pretenden atajar la crisis económica.

CAPÍTULO 8

Erase una vez en Occidente...

Reflexiones finales sobre el proyecto de la élite transnacional.

La evidencia que muestra este informe sugiere que el TTIP puede ser entendido, no sólo como un proyecto económico, sino como un proyecto político y de clase de una élite transatlántica cuyo objetivo está en revertir los logros conseguidos en materia social en occidente y preservar el liderazgo internacional de Europa y EEEUU. La consecuencia de este proyecto podría ser una vuelta a un lejano oeste sin ley, en el cual las grandes corporaciones y bancos lleven la voz cantante poniendo sus intereses por delante de las necesidades e intereses de los ciudadanos, dentro, y más allá del Atlántico.

El Oeste contra el resto.

Dado que la UA y EEUU dan cuenta de la mitad del PIB mundial y un tercio de todos los intercambios comerciales globales, es fácil suponer que la creación de la mayor zona de libre comercio hasta la fecha nunca vista tendría un impacto considerable en el resto del mundo. Los intereses de los países ricos y los países empobrecidos parecen irreconciliables dentro del sistema de acuerdos comerciales multilaterales. Por ello, la UE ve las charlas con los EEUU sobre el TTIP como una manera de evitar el estancamiento de las negociaciones dentro de la Organización Mundial del Comercio e imponer el nivel de liberalización conseguida en el Atlántico al resto del mundo. Los objetivos de este proyecto son los países emergentes: Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, cuyas economías crecientes son vistas como una amenaza a la hegemonía global de la UE y EEUU.

La última utopía corporativa

Además de conocer la dimensión del TTIP como proyecto político, es necesario reconocer sus importantes implicaciones a nivel doméstico. El TTIP podría dejar libres a las compañías de cualquier tipo de atadura, siendo éstos, los aranceles o la regulación en materia social o medioambiental; por otro lado, tendrían la posibilidad de demandar la autoridad de cualquier gobierno que pudiera interferir con sus futuras

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ganancias, lo que podría debilitar seriamente las regulaciones socio-económicas y medioambientales que salvaguardan el bienestar de las personas y el medioambiente de las acciones corporativas con consecuencias negativas.

De lo visto hasta ahora:

1. Al eliminar barreras de todo tipo al libre comercio, sectores industriales enteros quedarían expuestos a una competencia transatlántica salvaje que beneficiaría a las grandes multinacionales a costa de reducir o eliminar a los competidores nacionales más pequeños gracias a la economía de escala. Sería particularmente difícil para algunos sectores, como la agricultura europea, donde las diferencias son demasiado grandes como para establecer una competencia justa. Los estudios preliminares indican que desmantelar los aranceles tendría repercusiones serias sobre el empleo, especialmente en la UE.

2. La armonización de la regulación, pensemos especialmente en los estándares que incluyen los alimentos modificados genéticamente y el REACH sobre regulación química, incluiría un reconocimiento de ambos marcos regulatorios como equivalentes, por lo tanto, muchas regulaciones medioambientales y sociales europeas dejarían de ser efectivas a la hora de proteger a consumidores, pacientes o el medioambiente.

3. Más todavía, si se incluyera en el TTIP un capítulo de protección de la inversión, las compañías podrían demandar a los gobiernos por poner en riesgo sus beneficios potenciales y pedir indemnizaciones millonarias. Las regulaciones que podrían implicar un riesgo para las corporaciones incluyen: las moratorias y prohibiciones sobre tecnologías arriesgadas o peligrosas como el “fracking” o la biotecnología, y limitaría, considerablemente, la capacidad de los reguladores para intervenir en el mercado. A través del mecanismo de resolución de conflictos entre Inversor y Estado, se garantizarían a las corporaciones y bancos más derechos que a los ciudadanos, dejando a los contribuyentes con la responsabilidad de pagar indemnizaciones millonarias en un momento en el que los presupuestos nacionales están luchando para cubrir los costes esenciales de los servicios públicos.

Pedimos la movilización del 99%

Cuando juntamos todos estos elementos, queda claro que se trata no sólo de un acuerdo económico, sino de un plan político de una élite transatlántica cuyo objetivo es revertir todos los logros que los pueblos han logrado conseguir a través de décadas de lucha. Las fuentes de algunas industrias han descrito al TTIP como “la última acción de los lobbies”, y los lobbies industriales se han embarcado ya en una serie de rondas diplomáticas entre Washington y Bruselas a puerta cerrada.

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Por esta razón, es vital asegurarnos de que dicho acuerdo se enfrenta a la oposición pública y que ésta se incrementa en los meses siguientes de manera que enviemos un claro mensaje a los líderes e instituciones gubernamentales que apoyan el TTIP. Ahora que se están llevando a cabo políticas de austeridad, los líderes europeos necesitan darse cuenta de que este acuerdo no es la solución a nuestros problemas. En su lugar, necesitamos que la UE desarrolle, junto a todos los grupos sociales (y no con los lobbies industriales), un programa de políticas económicas que se base en la cooperación, no en la competición, que ponga a las personas y al planeta por delante de los intereses de las grandes corporaciones y bancos.

El ATM, o Acuerdo Alternativo de Comercio e Inversiones, una coalición de más de 50 organizaciones europeas, ofrece una alternativa a la agenda neoliberal, una que incremente la economía y el bienestar social y medioambiental para todas las personas, globalmente. Por lo menos, el ATM debe ser controlado democráticamente por el público y los parlamentarios, su visión se halla anclada en una comprensión holística del mundo y su problemas, que tiene en cuenta el medioambiente y la limitación de los recursos naturales, así como el respeto por las distintas étnias, clases y género, con la visión y objetivos de fomentar la justicia y la igualdad, dejando amplio margen a las comunidades para elegir libremente e integrarse en una economía global con justicia.

(Aportación de la traductora) Y no sólo el ATM, hay muchos otros movimientos y organizaciones que promueven y se interesan por una economía europea y global dirigida hacia bien común, con valores y acorde con las limitaciones que la naturaleza nos impone, como la Economía Solidaria, la Economía del Bien Común, los defensores de los pro-comunes y los servicios públicos, etc. Necesitamos darnos cuenta de que el cambio que transforme las vidas de millones de personas sólo será posible si ponemos por delante la salvaguarda y el bienestar de las personas y el planeta. Y esto sólo será posible si ponemos como fin del sistema económico el bienestar del ser humano y el planeta, incorporamos la dimensión ética a la economía, y desarrollamos estructuras que posibiliten una democracia que además de representativa, sea también participativa (ciudadana) y directa, de manera que el último control de las decisiones políticas lo tenga el pueblo, empoderando a éste como sujeto político, con voz y voto real, de manera que el sistema económico se halle bajo control democrático y sea obligado a funcionar por toda y cada una de las personas que habitamos el mundo y por este planeta que no es sólo nuestra casa, sino la madre naturaleza que acoge y prolonga la existencia de la especie humana. De momento, el TTIP sólo ha probado ir en la dirección opuesta, y arriesgar todo aquello por lo que generaciones enteras han luchado durante décadas.