viernes, 22 de febrero de 2008

Creación de la Área de Transporte Metropolitana

En la constitución de la ATM participaron la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la Entidad Metropolitana del Transporte (EMT), de común acuerdo con la Administración General del Estado, y con el propósito explícito, recogido en los documentos fundacionales, de que progresivamente se le fueran incorporando, de manera voluntaria, el resto de las administraciones titulares de servicios de transporte público de la región metropolitana, mediante la cesión de sus competencias en materia de transporte a través de convenios.
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Las principales funciones que se atribuía la ATM, con vistas a alcanzar el objetivo de organizar un sistema integrado capaz de potenciar el transporte público colectivo, eran las siguientes:

1. Planificación de infraestructuras de transporte en un horizonte temporal de diez años y, específicamente, la elaboración de los instrumentos de planificación para la coordinación del sistema metropolitano de transportes públicos colectivos. Asimismo, elaboración y seguimiento de los programas de inversión correspondientes y de una propuesta de nuevo convenio de financiación de infraestructuras entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña.
2. Establecimiento de las relaciones con los operadores de transporte colectivo. En estas relaciones se incluían el seguimiento de los convenios y contratos-programa con la EMT, los Ferrocarriles de la Generalitat y las diferentes empresas privadas y públicas de transporte; la elaboración de nuevos contratos-programa, y la elaboración de propuestas de concertación con RENFE relativas a la integración de los servicios de Cercanías en el sistema metropolitano de transportes públicos colectivos.

3. Elaboración de las propuestas de convenios de financiación con las diferentes administraciones públicas responsables de la financiación del transporte público y definición de las aportaciones de recursos presupuestarios al sistema a partir de enero de 1998.
4. Ordenación tarifaria mediante la definición de un nuevo modelo de sistema de tarifas, estudio y desarrollo de su implantación y ejercicio mancomunado de las potestades sobre tarifas propias de las administraciones titulares del transporte colectivo.

5. Creación de una imagen corporativa única, dentro del respeto a las particulares de las diferentes administraciones y operadores del transporte, y realización de campañas de comunicación con el objetivo de promover la utilización del sistema entre la población.


Cada corona se divide a su vez en sectores, establecidos en base a los diferentes corredores de tránsito, teniendo en consideración no dividir las áreas de influencia de las capitales y las polaridades comarcales.
En cuanto a las relaciones con los principales operadores del transporte, es decir, RENFE, Ferrocarril de la Generalitat y Transportes Metropolitanos de Barcelona, se regulan por el sistema de los contratos-programa, que establecen la financiación del déficit ocasionado por el funcionamiento de las redes de transporte respectivas, es decir, la diferencia entre las facturaciones y los gastos generados por el servicio. En el primer caso, la financiación de la red de Cercanías proviene del Estado en un 100%. En cuanto a Ferrocarril de la Generalitat, el correspondiente contrato-programa establece la distribución de su financiación entre la Administración General del Estado y la Generalitat. Por último, Transportes Municipales de Barcelona obtiene su financiación a partes iguales de la Administración General del Estado, la Generalitat y las administraciones locales (Ayuntamiento de Barcelona y Entidad Metropolitana del Transporte).

El modelo de organización del transporte se basa en la identificación de tres grandes apartados o niveles, cuyas características básicas se corresponden con los elementos y funciones señalados en el proyecto ISOTOPE de la Unión Europea, la normativa sobre transporte público en las grandes ciudades.

El nivel estratégico, que corresponde a las decisiones políticas relativas a la planificación de las políticas generales de la movilidad, y en especial de las redes de transporte y de las políticas tarifarias.



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