La adopción de medidas políticas que remuevan los obstáculos y dificultades que impiden la igualdad de oportunidades en el acceso a una situación de bienestar de todos los ciudadanos, independientemente de su condición u origen, es, y será, una de las señas de identidad de las actuaciones en las políticas a llevar en los Programas electorales de los Partidos Políticos, ejecutables tanto desde el Gobierno (su vocación fundamental) como en la Oposición.
La consideración que
nos mueve principalmente es la renovación de la situación de este sector, a
través de una acción político legislativa que en principio mana desde el Estado
sin menoscabar que se desarrolle en el ejercicio de la competencia exclusiva en
materia de transportes terrestres que transcurren íntegramente dentro del
territorio de la Comunidad de Madrid, de tal forma que, cumpliendo con el
debido mandato constitucional de coordinación entre administraciones públicas,
unificando en un solo cuerpo legal las preceptivas condiciones en las que debe
prestarse el servicio y su actividad.
Además, se ha de tener
en cuenta la necesidad de acomodar a las nuevas demandas sociales las
condiciones de la prestación de los servicios y, a la vez, ofrecer a los
profesionales de esta actividad un marco jurídico y económico que nos permita
su realización en condiciones de seguridad y modernidad, reconociendo la
contribución que añade a la actividad productiva, turística, de ocio y recreo y
el componente público que caracteriza sus prestaciones.
👇👇👇
La reforma que vamos a solicitar
debe centrarse en la consecución del conjunto total del PROYECTO, que ha sido diseñado
desde el punto de vista profesional donde va a suponer un profundo
cambio normativo en la regulación del sector, como sería a través de la futura Ley del Taxi de la Comunidad de Madrid,
al igual que con lo ocurrido jurídicamente con la estructura del Consorcio
Regional del Transporte Público Regular de la Comunidad de Madrid, que realizo un marco legislativo adecuado e
idóneo con los objetivos y los fines a
realizar. Es decir, creó su propia Ley específica,
un 16 de mayo de 1985.
Así,
en nuestra propuesta se aprecia de quienes tienen la voluntad de Legislar y regular
globalmente esta actividad, dada la importancia que se otorga a este sector, de
la cual resulte la consecuente reorganización en el mismo, las bases jurídicas
de prestación del servicio y la formación de un marco económico equilibrado y
seguro, para los prestadores de dicho servicio y la propia Administración, y
más asequible y atractivo para los ciudadanos, potenciales usuarios, residentes
y visitantes a nuestra Comunidad Autónoma.
Permitiendo
después, a través del desarrollo concreto de los detalles que la componen, la
adaptación a las diversas realidades territoriales de la Comunidad de Madrid y
al distinto funcionamiento de las explotaciones (urbana, metropolitana, rural y
turística), teniendo en cuenta el perfil característico también diverso de las
realidades locales y los rasgos identificativos de las diversas demandas.
En
conclusión, nuestra pretensión prioritaria es la construcción de un marco
jurídico social y económico, en busca de la unificación legislativa, que con
rango de Ley lleve a cabo la prosperidad y la seguridad de todo un Sector. Dicha unificación sería el paraguas que
facilitaría la creación de todos aquellos servicios que complementarios son
necesarios para la consecución del objetivo
No hay comentarios:
Publicar un comentario