SANCIONADOS POR
PONER ANUNCIOS
Mil taxistas se querellan contra el Ayuntamiento por no permitir la publicidad
Mil taxistas se querellan contra el Ayuntamiento por no permitir la publicidad
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MADRID. La guerra entre el Ayuntamiento y la Cooperativa Radio-Taxi que integran unos 1.300 profesionales está a punto de llegar a los tribunales. Desde el día 1 de noviembre, cerca de 1.000 vehículos llevan en sus coches una publicidad de Vodafone. El Ayuntamiento no ha tardado en contestar con sanciones, cerca de 1.000, a casi todos los conductores que portan la publicidad.
MADRID. La guerra entre el Ayuntamiento y la Cooperativa Radio-Taxi que integran unos 1.300 profesionales está a punto de llegar a los tribunales. Desde el día 1 de noviembre, cerca de 1.000 vehículos llevan en sus coches una publicidad de Vodafone. El Ayuntamiento no ha tardado en contestar con sanciones, cerca de 1.000, a casi todos los conductores que portan la publicidad.
Pero éstos se
niegan a amedrentarse y retirar la publicidad.Ayer, el representante legal de
Radio-Taxi anunció a este diario que esta misma semana, interpondrán cerca de
1.000 denuncias individuales contra el concejal de Movilidad Urbana, Sigfrido
Herráez, por amenazas.
Herráez dudó de la
veracidad de esta afirmación y aseguró que «no me asusta ese tipo de anuncios».
El concejal quiere que los conductores retiren la publicidad y, después,
negociar cómo se inserta ésta. Si los profesionales lo hacen, ayer se
comprometió a retirar las denuncias impuestas: «Con el mejor ánimo de todos,
espero que Radio-Taxi dé marcha atrás y se avenga a lo que marca la ley».
Ese es el dilema.
La Cooperativa niega que el Consistorio tenga capacidad legal para multar a los
conductores que llevan publicidad porque «atenta contra la libre empresa». El
concejal asegura que un decreto de la cuarta teniente de alcalde, María Tardón,
dice expresamente cómo debe organizarse la publicidad exterior en los taxis. El
abogado de Radio-Taxi afirmó, sin embargo, que dicho decreto carece de validez
legal porque no emana de ningún Pleno y un concejal no tiene potestad para
dictar decretos de obligado cumplimiento. La guerra, pues, está servida.
La polémica legal
se centra en torno a un decreto publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Madrid (Bocam) al que Radio-Taxi resta validez porque «ningún
concejal tiene capacidad legal para dictar decretos salvo que lo sean de
ejecución de órdenes aprobadas en Pleno», según el abogado de la cooperativa.
El concejal de
Movilidad, sin embargo, aseguró que ese texto tiene todas las garantías que
deben exigirse a una norma de obligado cumplimiento y que los conductores que
lo han infringido se enfrentan a la retirada parcial de la licencia entre tres
y seis meses.
Herráez incidió en
que «queremos beneficiar a todos los taxistas por igual y garantizarles el
cobro de la publicidad», por lo que considera que debe ser el Consistorio el
que gestione los anuncios. Precisamente hoy, mantendrá una reunión con el
anunciante, Vodafone.
La polémica surgió
porque dos asociaciones del sector del taxi, la Gremial y la Federación
Profesional, se oponen a que una cooperativa pueda gestionar por su cuenta la
publicidad, por la que cada conductor cobra 72 euros (12.000 pesetas).
Ayer, la
Cooperativa Radio-Taxi anunció que cuenta con el apoyo de la Confederación
Nacional del Taxi y de UGT, que ha calificado en una nota oficial de
«razonable» la actitud de la cooperativa y de «desproporcionadas y abusivas»
las sanciones que está imponiendo la Policía Municipal.
El sindicato
criticó especialmente que «para la vigilancia de los carriles bus-taxi y la
doble fila, el Ayuntamiento no tiene agentes suficientes y sí para vigilar y
tomar nota de los taxistas que llevan la publicidad en sus coches».
El portavoz
socialista de Movilidad, Eugenio Morales, por su parte, manifestó ayer que «el
Ayuntamiento tiene poca autoridad moral para opinar sobre si hay o no que
exhibir publicidad en los transportes públicos cuando pretende ganar 800
millones de pesetas [4,8 millones de euros] con la publicidad de los autobuses
de la Empresa Municipal de Transportes (EMT)».
Morales denunció
«la ausencia total de normativa para regular este tema porque el Reglamento del
Taxi está derogado por una sentencia del Tribunal Constitucional».
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