SANCIONADOS POR
PONER ANUNCIOS
Mil taxistas se querellan contra el Ayuntamiento por no permitir la publicidad
Mil taxistas se querellan contra el Ayuntamiento por no permitir la publicidad
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MADRID. La guerra entre el Ayuntamiento y la Cooperativa Radio-Taxi que integran unos 1.300 profesionales est谩 a punto de llegar a los tribunales. Desde el d铆a 1 de noviembre, cerca de 1.000 veh铆culos llevan en sus coches una publicidad de Vodafone. El Ayuntamiento no ha tardado en contestar con sanciones, cerca de 1.000, a casi todos los conductores que portan la publicidad.
MADRID. La guerra entre el Ayuntamiento y la Cooperativa Radio-Taxi que integran unos 1.300 profesionales est谩 a punto de llegar a los tribunales. Desde el d铆a 1 de noviembre, cerca de 1.000 veh铆culos llevan en sus coches una publicidad de Vodafone. El Ayuntamiento no ha tardado en contestar con sanciones, cerca de 1.000, a casi todos los conductores que portan la publicidad.
Pero 茅stos se
niegan a amedrentarse y retirar la publicidad.Ayer, el representante legal de
Radio-Taxi anunci贸 a este diario que esta misma semana, interpondr谩n cerca de
1.000 denuncias individuales contra el concejal de Movilidad Urbana, Sigfrido
Herr谩ez, por amenazas.
Herr谩ez dud贸 de la
veracidad de esta afirmaci贸n y asegur贸 que «no me asusta ese tipo de anuncios».
El concejal quiere que los conductores retiren la publicidad y, despu茅s,
negociar c贸mo se inserta 茅sta. Si los profesionales lo hacen, ayer se
comprometi贸 a retirar las denuncias impuestas: «Con el mejor 谩nimo de todos,
espero que Radio-Taxi d茅 marcha atr谩s y se avenga a lo que marca la ley».
Ese es el dilema.
La Cooperativa niega que el Consistorio tenga capacidad legal para multar a los
conductores que llevan publicidad porque «atenta contra la libre empresa». El
concejal asegura que un decreto de la cuarta teniente de alcalde, Mar铆a Tard贸n,
dice expresamente c贸mo debe organizarse la publicidad exterior en los taxis. El
abogado de Radio-Taxi afirm贸, sin embargo, que dicho decreto carece de validez
legal porque no emana de ning煤n Pleno y un concejal no tiene potestad para
dictar decretos de obligado cumplimiento. La guerra, pues, est谩 servida.
La pol茅mica legal
se centra en torno a un decreto publicado en el Bolet铆n Oficial de la Comunidad
Aut贸noma de Madrid (Bocam) al que Radio-Taxi resta validez porque «ning煤n
concejal tiene capacidad legal para dictar decretos salvo que lo sean de
ejecuci贸n de 贸rdenes aprobadas en Pleno», seg煤n el abogado de la cooperativa.
El concejal de
Movilidad, sin embargo, asegur贸 que ese texto tiene todas las garant铆as que
deben exigirse a una norma de obligado cumplimiento y que los conductores que
lo han infringido se enfrentan a la retirada parcial de la licencia entre tres
y seis meses.
Herr谩ez incidi贸 en
que «queremos beneficiar a todos los taxistas por igual y garantizarles el
cobro de la publicidad», por lo que considera que debe ser el Consistorio el
que gestione los anuncios. Precisamente hoy, mantendr谩 una reuni贸n con el
anunciante, Vodafone.
La pol茅mica surgi贸
porque dos asociaciones del sector del taxi, la Gremial y la Federaci贸n
Profesional, se oponen a que una cooperativa pueda gestionar por su cuenta la
publicidad, por la que cada conductor cobra 72 euros (12.000 pesetas).
Ayer, la
Cooperativa Radio-Taxi anunci贸 que cuenta con el apoyo de la Confederaci贸n
Nacional del Taxi y de UGT, que ha calificado en una nota oficial de
«razonable» la actitud de la cooperativa y de «desproporcionadas y abusivas»
las sanciones que est谩 imponiendo la Polic铆a Municipal.
El sindicato
critic贸 especialmente que «para la vigilancia de los carriles bus-taxi y la
doble fila, el Ayuntamiento no tiene agentes suficientes y s铆 para vigilar y
tomar nota de los taxistas que llevan la publicidad en sus coches».
El portavoz
socialista de Movilidad, Eugenio Morales, por su parte, manifest贸 ayer que «el
Ayuntamiento tiene poca autoridad moral para opinar sobre si hay o no que
exhibir publicidad en los transportes p煤blicos cuando pretende ganar 800
millones de pesetas [4,8 millones de euros] con la publicidad de los autobuses
de la Empresa Municipal de Transportes (EMT)».
Morales denunci贸
«la ausencia total de normativa para regular este tema porque el Reglamento del
Taxi est谩 derogado por una sentencia del Tribunal Constitucional».
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