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Núm. 363 -
noviembre 2026
La Gaceta del Taxi
Entre innovación y poder, ahora se mezcla el dilema de
la regulación digital.
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El
filósofo Byung-Chul, ha dirigido su mirada crítica hacia
las nuevas técnicas de poder del capitalismo neoliberal, indicado que las
empresas tecnológicas son conscientes de que los gobiernos pueden intentar
regular su poder a través de la legislación. Por lo tanto, es probable que
estas empresas aumenten sus esfuerzos para proteger sus intereses y
privilegios, ya sea a través de lobby, litigios legales o incluso mediante el
desarrollo de estrategias para eludir regulaciones.
A pesar de los intentos de
regulación, muchas megacorporaciones tecnológicas han mostrado
resistencia a cumplir con los códigos de conducta voluntarios, como ha sucedido
con las normas de la UE, en julio de 2000 y en julio de 2025. Algunos CEO de
estas grandes corporaciones aprovechan su posición internacional expresando que
les da igual lo que diga las leyes en los mercados, “si consiguen cambiar
las leyes, bien y sino, van actuar como si no existieran”.
El consorcio tecnológico
estadounidense META anunció que no firmaría el código de
conducta sobre inteligencia artificial elaborado por la Unión Europea
porque es muy complicado regular la IA. El responsable de asuntos
globales de META declaró que la normativa europea es una exageración y
que inhibe el crecimiento. Meta a la cual pertenecen Instagram, Facebook y
WhatsApp, no es la única empresa que ha rechazado la norma
europea, también se negaron, Alphabet y Microsoft.
Al final estamos en un nuevo capítulo
de esta especie de choque de filosofías. Por un lado, la filosofía
estadounidense que está más a favor de dejar a las empresas a que operen con
mayor libertad sin apenas cortapisas y, luego la filosofía de las autoridades
europeas en Bruselas un poco más cauta y que buscan el bien común y la
regulación, pero que ninguna de estas normas, parece ser que aborda el problema
central cuyo resultado es un continente regulado en exceso y, protegido en
defecto.
En
esta línea se expresa Max von Thun, director para Europa del Open Markets
Institute, afirmando que hay importantes “lagunas
jurídicas" y una “regulación relativamente débil” de los
modelos de base más grandes que plantean los mayores daños. La Ley de
Inteligencia Artificial es incapaz de abordar la principal amenaza que
plantea actualmente: su papel en el aumento y afianzamiento del poder extremo
que unas pocas empresas tecnológicas dominantes ya tienen en
nuestras vidas personales, nuestras economías y nuestras democracias. El
Poder político, –con cierto temor-, reconoce que endurecer las normas,
implicaría un coste político inmediato, generaría un conflicto económico o mediático,
así como el rechazo social de los usuarios. Por ello, están intentando “casarse”
con estas
plataformas disruptivas para asegurar sus propios intereses (compras públicas,
infraestructuras), al tiempo que buscan desarrollar soberanía tecnológica. La búsqueda
de una integración forzosa los lleva a la tendencia de no prohibir, sino
consolidar.
En la búsqueda de ese equilibrio
inestable se mueve hoy la política pública, intentando aprovechar la innovación sin ceder
soberanía, aunque cada paso en esa dirección implique inevitablemente,
compartir poder con actores privados.
Así, el verdadero desafío para los legisladores no es únicamente regular
estas plataformas, sino hacerlo sin quedar subordinados a ellas. Porque en
juego no está solo el futuro de la sociedad, sino la capacidad de las
instituciones públicas para seguir definiendo las reglas del sistema en
beneficio del conjunto de la ciudadanía.
Como ciudadano europeo y ante la
vista de todo este proceso, siempre será nuestro deber, seguir defendiendo y
exigiendo a los poderes políticos,
que se mantengan los valores democráticos de una sociedad en continuo
progreso y preservar o fortalecer los servicios públicos como grandes
garantes de una sociedad civil adelantada a los tiempos, solicitando que se desarrollen unas
reglas claras y transparentes en la normativa en cuanto al consumo lucrativo
se refiere y para el uso al que se destina, así como tipificar las
infracciones que conlleven a su sanción, evitando dejar puertas abiertas
protegiendo los ataques que están realizando las plataformas extractivas para
cambiar dichas prácticas sociales, profesionales, laborales y políticas, tal y
como ha ocurrido en el ámbito de la movilidad urbana que ha afectado al
servicio del taxi.
La posición geopolítica de las
potencias mundiales ha quedado meridianamente clara, pero, qué pasa con la
movilidad urbana donde las Plataformas “StartUps” han introducido convergencia
destructiva.
En apenas veinticinco años hemos
pasado de un mundo analógico a una realidad hiperconectada. Este salto
tecnológico, que debería haber reforzado los servicios públicos del taxi, antes
de haberse producido la irrupción de las StartUps en el ámbito de la
movilidad urbana, fue utilizado por estas plataformas para instalar modelos que
tenían un papel secundario, sometiéndolos a su disciplina, desbordando
cualquier marco democrático incluso rompiendo las normas vigentes, hechos que
pusieron a los gobiernos ante un acertijo regulatorio, donde poco a poco, a las
empresas del alquiler de vehículos con conductor, se les fue adaptando una
regulación que no poseían para el desarrollo de los servicios urbanos, mientras
tanto, las Plataformas fueron diseñando un nuevo escenario urbano encaminado en
la creación de economías de escala y efectos positivos de Red, hasta poder
controlar el mercado.
El transporte ya no es solo
movilidad: es poder. Y, ese poder ha cambiado de manos, lo que durante décadas
fue un ámbito regulado por las Instituciones Públicas (servicios del taxi), ha
sido ocupado en apenas unos años, por plataformas disruptivas, que han
impuesto sus reglas aprovechando los vacíos legales y la lentitud regulatoria
de los gobiernos. Continuará….
Cita: ¿Podríamos estar hablando de alianzas o, cesiones de
la movilidad en manos de las Big Tech?. Manu Sánchez. Centésima
sexta entrega (27 de octubre del 2026) – (927)
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