El taxi, otro sector intervenido que genera injusticias
Los propietarios
de licencias de taxi desconvocaron ayer la jornada de huelga prevista para el
primer día de agosto, tras una reunión con los responsables del Ministerio de
Fomento en la que finalmente se atendieron sus peticiones. El acuerdo se
alcanzó un día después de la marcha organizada por el gremio, en la que
sucedieron diversos altercados con daños para algunos vehículos de
profesionales que ejercieron su derecho a trabajar, saldados con la detención
de cinco de los implicados.
El origen del
conflicto estaba en la pretensión del gobierno de liberalizar las condiciones
en las que se presta el servicio de alquiler de coches con conductor, similar
al que realizan los taxistas, que hasta este momento estaba fijado en una
proporción de uno por cada treinta licencias de taxis. Tras la última reunión
mantenida por el Ministerio responsable y los representantes del sector, finalmente
esta traba institucional seguirá vigente, un triunfo para los actuales
poseedores de licencias de transporte de viajeros por taxi que de esta forma
han visto preservada su actual regulación, razón por la cual la huelga prevista
ha quedado formalmente desconvocada.
En situaciones
como estas, en las que el Estado regula el régimen de una determinada actividad
empresarial, resulta complicado dirimir la lógica disputa entre los que
detentan un derecho en exclusiva y aquellos que pretenden acceder a ese sector
productivo en virtud de la necesaria liberalización de los distintos sectores
económicos. Es lo que ocurre en tantos ámbitos de nuestro mercado,
extraordinariamente intervenido, cuando un gobierno pretende abrir las
posibilidades de una mayor competencia en un contexto de crisis económica que
agudiza los perfiles polémicos de decisiones de este calado.
Sucede que
aquellos agentes que entraron en un determinado sector productivo lo hicieron
en virtud de un marco legal cuya modificación les resulta lesiva, especialmente
si se hace en entornos que requieren una capitalización importante como las
energías renovables, cuya nueva regulación ha perjudicado notablemente a
pequeños empresarios que realizaron ese gasto confiando en unas garantías que
ahora el Gobierno no puede mantener. En el taxi ocurre lo mismo y
cualquier modificación de las condiciones actuales ha de ser necesariamente
polémica si no se prevé un escalonamiento progresivo, que permita a los
actuales operadores adaptarse a la nueva situación sin perjuicios excesivos.
Ese ha sido el principal error del Gobierno en este asunto, que desvirtúa el
acierto de su decisión de introducir nuevas liberalizaciones en los sectores
más esclerotizados de nuestro ámbito económico.
No obstante, los
taxistas no pueden exigir el mantenimiento indefinido de unos privilegios que
impiden la entrada de nuevos agentes capaces de complementar ese servicio
aumentando la competencia. Ese es un derecho de los ciudadanos que el Gobierno
ha de atender en primer lugar y no sólo en el transporte de viajeros, sino en
todos aquellos sectores en los que los beneficiarios de una autorización
estatal disfrutan de una preeminencia que sirve de barrera de entrada para
otros interesados.
De la hábil
conjugación de ese derecho de la sociedad a una mayor competencia y el de los
actuales empresarios a no resultar gravemente perjudicados, resultará el éxito
de unas reformas más necesarias que nunca, en la dirección de dotar de mayor
libertad a la sociedad, que el Gobierno ha de seguir introduciendo
progresivamente en beneficio de todos.
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