Los servicios
públicos no pueden convertirse en una mercancía al alcance de unos pocos.
El próximo 14 de febrero 2006 el Parlamento Europeo volverá a tratar la
famosa “directiva Bolkestein”, que pone en peligro la existencia de
los servicios públicos en los países de la Unión Europea.
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Esta directiva ha suscitado el rechazo en muchos de los países de la Unión pues supone poner en tela de juicio conquistas sociales y laborales en los distintos Estados. De hecho, hay dos manifestaciones convocadas para el próximo sábado y para el mismo día 14 por diversos colectivos sociales y sindicales contrarios a esta línea de actuación. En el Estado español también se celebrarán distintos actos reivindicativos en torno a esas fechas para exigir la retirada de dicha directiva.
El pasado miércoles 8 de febrero de 2006, tras una reunión entre los grupos parlamentarios socialista y popular europeos se acordó “suavizar” dicha directiva, proponiendo que en ámbitos como legislación laboral y de medio ambiente se elimine el “principio del país de origen” por el cual los trabajadores de un país que se encuentren trabajando en otro se regirían por la legislación laboral del país de origen.
Pero muchas otras cuestiones son rechazables en esa directiva. La privatización de los servicios públicos, la posibilidad de que esos servicios sean prestados por empresas de otros estados con la obligación para el país receptor de subvencionarlas si cumplen determinadas posiciones debe alertarnos.
En el caso de servicios como la sanidad o la educación en el Estado español, si las disposiciones del proyecto de directiva actual entran en vigor, supondría una liberalización y una disminución de una serie de servicios públicos esenciales como el servicio de salud, los servicios sociales, educativos y culturales.
En el caso de la educación, se trata de una competencia de los estados que ahora se pretende liberalizar de forma que empresas privadas puedan acceder a ser prestatarias de servicios con la consiguiente financiación por parte de los estados receptores. Aplicar esta normativa a la educación es considerar a esta no como un derecho humano sino como una mercancía susceptible de ser comprada y vendida.
Este marco inquietante se agudiza en el Estado Español con el redactado de la LOE aprobado por el Pleno del Congreso en el que el llamado servicio público de educación podrá ser prestado por el Estado o por empresas privadas. Igualmente, ventajosas para la iniciativa privada son la universitaria LOU y la Ley de FP. La desregulación a la que puede verse sometido nuestro sistema educativo puede ser total si se combinan los dos textos.
Por todo ello, la Confederación de STEs-i exige la retirada de la directiva Bolkestein y que la educación sea en nuestro continente ese derecho humano universal al que toda la ciudadanía tenga acceso en unas condiciones de calidad. Por lo que apoyamos cuantas iniciativas vayan en ese sentido. Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento a las organizaciones que se dicen defensoras de lo público para aunar esfuerzos para evitar que la salud, los servicios sociales y la educación se conviertan en una mercancía al alcance de unos pocos.
Esta directiva ha suscitado el rechazo en muchos de los países de la Unión pues supone poner en tela de juicio conquistas sociales y laborales en los distintos Estados. De hecho, hay dos manifestaciones convocadas para el próximo sábado y para el mismo día 14 por diversos colectivos sociales y sindicales contrarios a esta línea de actuación. En el Estado español también se celebrarán distintos actos reivindicativos en torno a esas fechas para exigir la retirada de dicha directiva.
El pasado miércoles 8 de febrero de 2006, tras una reunión entre los grupos parlamentarios socialista y popular europeos se acordó “suavizar” dicha directiva, proponiendo que en ámbitos como legislación laboral y de medio ambiente se elimine el “principio del país de origen” por el cual los trabajadores de un país que se encuentren trabajando en otro se regirían por la legislación laboral del país de origen.
Pero muchas otras cuestiones son rechazables en esa directiva. La privatización de los servicios públicos, la posibilidad de que esos servicios sean prestados por empresas de otros estados con la obligación para el país receptor de subvencionarlas si cumplen determinadas posiciones debe alertarnos.
En el caso de servicios como la sanidad o la educación en el Estado español, si las disposiciones del proyecto de directiva actual entran en vigor, supondría una liberalización y una disminución de una serie de servicios públicos esenciales como el servicio de salud, los servicios sociales, educativos y culturales.
En el caso de la educación, se trata de una competencia de los estados que ahora se pretende liberalizar de forma que empresas privadas puedan acceder a ser prestatarias de servicios con la consiguiente financiación por parte de los estados receptores. Aplicar esta normativa a la educación es considerar a esta no como un derecho humano sino como una mercancía susceptible de ser comprada y vendida.
Este marco inquietante se agudiza en el Estado Español con el redactado de la LOE aprobado por el Pleno del Congreso en el que el llamado servicio público de educación podrá ser prestado por el Estado o por empresas privadas. Igualmente, ventajosas para la iniciativa privada son la universitaria LOU y la Ley de FP. La desregulación a la que puede verse sometido nuestro sistema educativo puede ser total si se combinan los dos textos.
Por todo ello, la Confederación de STEs-i exige la retirada de la directiva Bolkestein y que la educación sea en nuestro continente ese derecho humano universal al que toda la ciudadanía tenga acceso en unas condiciones de calidad. Por lo que apoyamos cuantas iniciativas vayan en ese sentido. Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento a las organizaciones que se dicen defensoras de lo público para aunar esfuerzos para evitar que la salud, los servicios sociales y la educación se conviertan en una mercancía al alcance de unos pocos.
Confederación de STEs-
intersidical
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