El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante su intervención hoy en el Pleno del Congreso. (EFE)
"La urgencia del decreto no se acaba de ver cuando se retrasan sus efectos a cuatro años después", lanzó el diputado de Ciudadanos Fernando Navarro, cuyo grupo ha votado en contra del decreto. "No estamos de acuerdo con la inseguridad jurídica que se va a crear. Ustedes sabían que esto iba a ocurrir, pero su postura es que el que venga detrás, arree", dijo entre aplausos del hemiciclo.
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El
apoyo de Podemos era sabido. "Muchas gracias a los trabajadores del taxi.
Vuelven a demostrar que las huelgas son útiles
para defender cuando sus puestos de trabajo son atacados por las
transnacionales. Vuelven a demostrar que David puede vencer a Goliat. El
problema ha sido un intento de establecimiento de un monopolio controlado desde
paraísos fiscales. Ha sido un ataque a nuestro país. Nos vamos a poder de
acuerdo, hasta con el demonio si hace falta, para defender los intereses de la
gente trabajadora", dijo Rafael Mayoral. Se despidió con un aplauso de
casi un minuto de su propio grupo.
La
réplica vino poco después del grupo Popular. "Este es un decreto ley que
nace con el único fin de quitarse un marrón de encima, pasarlo a las CCAA
y satisfacer a sus socios radicales. Mire, hasta
Fedetaxi amenaza con denunciar a Fomento ante la UE por la moratoria de 4 años.
Esto es una artimañana anticonstitucional. Diga la verdad, señor Ábalos: su
objetivo es que la próxima manifestación del taxi no sea en la Castellana, a
las puertas de su ministerio, sino que sea en las 17 CCAA", dijo el
diputado del PP José Alberto Herrero. (EFE)
El
decreto ley recién convalidado habilita a las CCAA y ayuntamientos para regular
a las VTC. La normativa establece un "periodo
de transición" de 4 años en el que los ayuntamientos
solo podrán regular a las VTC siguiendo la normativa actual (por exigencias
medioambientales, de tráfico etc). Es decir, nada cambia en ese periodo. El
salto drástico llegará a la finalización de esa transición: las VTC tendrán
prohibido circular en el ámbito urbano si no obtienen una licencia municipal.
Tras ese periodo de 4 años, las CCAA y ayuntamientos podrán hacer lo que deseen
respecto a las VTC. Desde limitarlas al máximo hasta hacerlas desaparecer a
solo establecer pequeños obstáculos.
Fuentes
del sector de las VTC consultadas aseguran que la
inseguridad jurídica que se crea es tal que haría inviable la continuidad de
Cabify, que depende de nuevas rondas de financiación de grandes
fondos de inversión. Se desconoce también qué ocurriría con las temidas
indemnizaciones al sector de las VTC en caso de que se presenten pleitos
judiciales. Las CCAA no quieren arriesgarse a tener que indemnizar a los dueños
de las licencias. Y el Estado tampoco.
Todo
esto tendrá que aclararse en los próximos meses, ya que el decreto se tramitará
como Proyecto de Ley. Eso significa que todos los grupos políticos y CCAA
pueden presentar enmiendas. Y habrá muchas. "Que
se tramite de esta forma es una enorme bofetada a José Luis Ábalos. Su
cara al final del debate en el Pleno era un poema. Sabe que todo se puede venir
abajo en las próximas semanas. Ahora mismo, el efecto real del decreto es
inexistente, habrá que ver qué ocurre en los próximos meses", explica una
fuente del sector.
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