PNL A LA ASAMBLEA DE MADRID CONTRA APLICACIÓN UBER

 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 205 y siguientes del vigente Reglamento de la Asamblea de Madrid, presentar la siguiente Proposición no de Ley en apoyo de las personas consumidoras de la Comunidad de Madrid, de los servicios de transporte público, como es el de la introducción de plataformas de consumo colaborativo, con la aplicación informática UBER y otras, hasta ahora no reguladas que con la presunta intención de poner en contacto y así ayudar a las personas consumidoras en la Comunidad de Madrid, con la aparición de empresas basadas en la dotación de servicios entre particulares, sin intermediarios, ausentes de transparencia y protección de los derechos de los potenciales usuarios, que además se convertirían en competencia desleal con los profesionales como lo son los del servicio público de taxi, en su inmensa mayoría trabajadores autónomos que están sufriendo una importante crisis, por ello y en apoyo de una solución legislativa a los mismos, para su debate en (Comisión de Presupuestos o en Pleno).

 

Madrid, 11 de junio de 2014

 

EL PORTAVOZ                            EL DIPUTADO 

TOMÁS GOMEZ FRANCO               EUSTAQUIO JIMENEZ MOLERO

 

 

 

 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Personas consumidoras de la Comunidad de Madrid de transporte público fundamentalmente del servicio público de taxi, en el área de prestación conjunta, junto con los profesionales que prestan el servicio público de taxi, tienen preocupación respecto de la aparición ahora una aplicación informática, llamada UBER, y de futuras fórmulas y/o modalidades que con el funcionamiento de empresas y plataformas que se basan en el llamado ”consumo colaborativo”, que tratándose de un servicio opaco y no regulado, que este tipo de consumo se refiere a una manera tradicional de compartir, intercambiar, prestar, alquilar, o regalar, basada en estos tiempos de tecnología moderna y las nuevas maneras de medir la reputación de las personas. Este movimiento supone un cambio cultural y económico de los hábitos de consumo marcados por prestadores, fundamentalmente de servicios, también de bienes, básicamente individualizados hacia nuevos modelos potenciados por medios sociales y plataformas del tipo de red entre iguales o red entre pares.

Han aparecido empresas, que ante el vacío legal, están tomando la iniciativa en el negocio de mediar entre consumidores y particulares, aprovechando sus necesidades y demandas de bienes o servicios que al albur de las deficiencias económicas fruto de la crisis, y por supuesto con una intención de ofrecer alternativas positivas y con disposición de ahorro para las economías personales e individuales están convirtiéndose en potenciales triunfadoras y exitosas, con formas de negocio que tienen y deben ser regulados, para garantizar todo el derecho de consumidores, dado que el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, puesto que infiere en el consumidor y usuario, puesto que pretende poner en contacto a personas físicas o jurídicas que siendo consumidores finales, que estarían siendo conectados, por empresas o empresarios que realizan una actividad de intermediación sin las suficientes garantías para aquellos que quiere y llega a conectar, para desarrollar servicios que bien son entre privados o bien son de sustitución de un servicio público regulado, como lo es el transporte, a través de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas de desarrollo.

Por ello y por la preocupación de los profesionales del servicio público de transportes, como el del servicio del taxi y también antes de que las personas consumidoras se puedan considerar desprotegidas de sus derechos, en su condición de consumidores, dado que con la intencionalidad de optimizar los recursos económicos de las economías personales la actividad, siempre ha sido y debe ser transparente, para que la ciudadanía afectada sienta que los poderes públicos que les gobiernan sean siempre correctamente informados por las empresas o plataformas prestadoras del servicio de conectar o interconectar a consumidores de bienes y/o servicios, no sufran y sientan que se le está generando una gran incertidumbre y desactive la gran preocupación, que ante estas fórmulas les atenta. En diferentes momentos, aparecen y aparecerán modos, formas, productos, servicios, etc., que les ofrecerán productos al margen de la regulación o de legalidades que supondrán un elevado riesgo y el grupo socialista, siempre estará a favor de que se normalice para proteger los derechos de las personas en cualquier condición pero también en su condición de consumidores de bienes y servicios, ya sean nuevos como lo demandamos de los antiguos, porque los consumidores son los débiles ante los poderosos, y de aquellos que encuentren espacios de negocio al ponerlos en contacto para que voluntariamente compartan lo que deseen, pero los medios, mecanismos que ofrezcan tales servicios deben estar perfectamente regulado.

 

También de las obligaciones que les marca a los profesionales que abonan los impuestos establecidos, no así para quienes ejercer la competencia desleal, al amparo de la ausencia de normativa reguladora de estas modalidades de negocio.

 

Estas fórmulas, empresariales o en forma de plataformas, comunidades de usuarios, que conectan a conductores con “asientos vacíos” para usar pasajeros que buscan un viaje, no deben quedarse fuera de las regulaciones que protejan a las personas que ante la oferta del concepto de “viaje social”, más ahorrativos en términos económicos o monetarios y amparados en la eficiencia para millones de usuarios del resto de Europa, incluso del mundo.

Las páginas de acceso vía internet, bajo la aplicación UBER, están preocupando y ocupando tanto a las asociaciones que protegen a las personas consumidoras, como a las asociaciones de profesionales del servicio público del taxi, están mirando con la mayor expectación, dado que el crecimiento de usuarios de estas formas, en muchos casos son auspiciadoras de competencia desleal, dado que no están sometidos al mismo régimen fiscal, ni al sistema de licencias y/o concesiones públicas, ni por supuesto a los mismos tramites de exigencia de calidad y todo ello, al margen de las garantías de la defensa de sus derechos.

 

No se trata de sortear la legalidad vigente, que bajo el nombre de “consumo colaborativo” basado en la dotación de servicios entre particulares, sin intermediarios, al saltarse, con el uso de páginas web de internet, ofrecidos por empresas u otras modalidades que obtendrán beneficios, por ejercer el encargo de proveerlos.

 

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid presenta y formula la siguiente.

 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid, para que este a su vez inste al Gobierno de España a adoptar las siguientes medidas:

1.   Ordenar y regular las ofertas del llamado consumo colaborativo. La forma en que se pueden y deben prestar este tipo de nueva modalidad para con los servicios públicos, de transporte y otros para proteger los derechos de las personas consumidoras, por parte de las formas o modalidades de negocio, que suponen intermediar entre consumidores y/o usuarios para incrementar y mejorar la información, la transparencia y la garantía de los derechos de estos servicios, productos, etc., y de otros presentes y futuros que ofrezcan a las personas consumidoras.

2.   La traslación al Gobierno de España, para que elabore y apruebe normativa que desarrolle las Medidas de Protección del uso del Consumo Colaborativo, para que este nuevo tipo de consumo, no impida que garanticen todos los derechos de las personas consumidoras, que empresas, plataformas y otras modalidades, empresariales, actúan y/o actuarán prestando el servicio de la intermediación, para lograr poner en contacto a personas físicas o jurídicas en su condición de consumidores y usuarios, con la adecuada y suficiente información. Asimismo, que sean escuchadas y consultadas las Asociaciones que representan a las personas consumidoras.