Plan de Acción de Movilidad Urbana
El presente Plan de Acción pretende
establecer un marco común que favorezca la aplicación de la política en materia
de movilidad urbana. Las acciones realizadas deberán contribuir a una movilidad
en las zonas urbanas más sostenible y cordial y mejor organizada.
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Plan de Acción de Movilidad Urbana [COM(2009) 490 final – no publicada en el Diario Oficial].
El presente Plan de Acción propone una serie de
medidas destinadas a garantizar una movilidad urbana más eficaz y sostenible.
¿Por qué se precisa un Plan de Acción de Movilidad
Urbana?
El presente Plan de Acción aborda las siguientes
necesidades:
·
el sistema
de transporte debe ser competitivo;
·
La Unión
Europea (UE) debe respetar sus compromisos en materia de lucha contra el cambio climático, crecimiento y empleo, cohesión social, salud y
seguridad;
·
los centros
urbanos deben hacer frente a la evolución demográfica y a las preocupaciones
sociales (personas con movilidad reducida, familias y niños);
·
la
movilidad urbana afecta sensiblemente a la eficacia del transporte a larga
distancia. De hecho, la mayoría de los medios de transporte a larga distancia
comienzan o terminan en el medio urbano, y por tanto la movilidad urbana se
considera un componente integrante de la red transeuropea de transporte.
Siempre respetando el principio de subsidiariedad, la
UE promueve una mejor coordinación a nivel europeo. Asimismo, propone instaurar
un marco coherente que acompañe a las medidas adoptadas a nivel local.
¿Cuál es el papel de la Unión Europea?
La UE puede instar a las distintas autoridades
(locales, regionales y nacionales) a poner en marcha políticas integradas a
largo plazo. Asimismo, la UE asistirá a tales autoridades en la búsqueda de
soluciones innovadoras y en la puesta en común de buenas prácticas a nivel
comunitario.
Principales acciones propuestas por la Comisión
El Plan de Acción propone los siguientes ámbitos de
acción:
·
Promoción
de políticas integradas
Las políticas de movilidad urbana deberán estar
vinculadas a otras políticas en materia de infraestructuras, planificación
territorial, aspectos sociales de accesibilidad y movilidad, protección del
medio ambiente y política industrial.
·
Acción
centrada en la ciudadanía
Los ciudadanos deben ser el factor principal de la
política de movilidad. Por lo tanto, se deberá facilitar una mejor información
a los viajeros y sus derechos deberán estar mejor protegidos. Por otra parte,
la accesibilidad de las personas con movilidad reducida a los medios de
transporte urbano es aún insuficiente. La Comisión emprenderá campañas
destinadas a cambiar los hábitos de los ciudadanos en lo que respecta a sus
desplazamientos (a pie o en bicicleta, mediante el transporte público, con una
conducción más eficiente, etc.)
·
Promoción
de transportes urbanos más ecológicos
La Comisión seguirá promoviendo el desarrollo de
transportes urbanos más ecológicos a través de:
·
el Séptimo Programa Marco de Investigación y de Desarrollo (por ejemplo, la iniciativa CIVITAS);
·
o la
iniciativa europea de promoción de los vehículos ecológicos.
·
Refuerzo de
la financiación
La Comisión deberá ayudar a las autoridades y a las
partes interesadas a explorar las opciones de financiación, incluidos los
Fondos Estructurales, los Fondos de Cohesión y el programa «Energía Inteligente
- Europa».
Puesta en común de experiencias y conocimientos
La UE contribuirá a la recogida y puesta en común de
datos e información sobre las acciones de movilidad. Asimismo, ayudará a los
municipios con menos conocimientos y recursos financieros a beneficiarse de la
experiencia de otros más avanzados. La UE pondrá en marcha un observatorio
sobre movilidad urbana para apoyar tales iniciativas.
En el plano internacional, la UE promoverá el
intercambio de información y buenas prácticas entre municipios de dentro y
fuera de la UE.
·
Optimización
de la movilidad urbana
La UE prestará asistencia para:
·
mejorar la
eficacia de la logística del transporte a larga distancia en las ciudades;
·
o
desarrollar las aplicaciones de sistemas de transporte inteligentes (STI) orientados a la movilidad
urbana.
Perspectivas
La Comisión evaluará el presente Plan de Acción en
2012 y determinará la necesidad de emprender nuevas acciones.
Contexto
El presente Plan de Acción aborda la necesidad de
replantear la movilidad en las áreas urbanas. Es preciso que sea más eficaz y
cordial, así como más respetuosa con el medio ambiente.
Estrategia en el ámbito del cambio
climático hasta 2020 y después
Tras haber evaluado los costes y
beneficios vinculados a la lucha contra el cambio climático, la Comisión
recomienda una serie de medidas destinadas a limitar el calentamiento mundial a
2 ºC. Algunas de estas medidas se aplican a la Unión Europea (por ejemplo,
el objetivo obligatorio de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, la aprobación de medidas energéticas, etc.) y otras tienen un
alcance internacional (en particular, la negociación de un acuerdo
internacional).
ACTO
Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de
2007, «Limitar el calentamiento mundial a 2 ºC - Medidas necesarias
hasta 2020 y después» [COM (2007) 2 final - no publicada en el Diario
Oficial].
SÍNTESIS
Hechos científicos irrefutables demuestran la
necesidad de intervenir urgentemente para luchar contra el cambio climático:
las últimas investigaciones han confirmado la realidad del cambio climático y
hay indicios de que esta evolución se acelera. Algunos análisis de impacto han
comenzado a calcular de manera precisa lo que costará la inacción o la mera
continuación de las políticas actuales.
En 2005, la Comisión puso las bases de la estrategia
de la Unión Europea (UE) de lucha contra el cambio climático. En la presente
Comunicación propone acciones más concretas para limitar los efectos del cambio
climático y reducir la posibilidad de graves perturbaciones irreversibles a
nivel planetario. Estas medidas, a corto y medio plazo, afectarán tanto a los
países desarrollados (la UE y los otros países industrializados) como a los
países en vías de desarrollo.
La UE y los Estados miembros han confirmado el
objetivo de la UE de limitar la elevación media de la temperatura a 2° C a
escala mundial respecto del nivel preindustrial, límite máximo más allá del
cual las repercusiones del cambio climático aumentan de forma drástica. Las
investigaciones ponen de manifiesto que la estabilización de la concentración
de gases de efecto invernadero a 450 ppmv (parte por millones de volumen -
de equivalente CO2) ofrecería una posibilidad entre dos de alcanzar el objetivo
de 2° C (frente a una entre seis en caso de que la concentración alcanzase
550 ppmv, y una entre dieciséis en caso de una concentración de
650 ppmv).
Costes y beneficios de las decisiones políticas
futuras
Las investigaciones efectuadas recientemente, en
particular, el estudio PESETA -estudio en curso bajo los auspicios del Centro
Común de Investigación- o el informe Stern, indican unos costes de gran
magnitud desde el punto de vista económico y social en caso de insuficiente
acción para luchar contra el cambio climático. El informe Stern estima este
coste entre el 5 y 20 % del PIB mundial.
El aumento de la mortalidad y la morbilidad
(enfermedades) vinculadas a las variaciones de temperatura, los daños causados
por las crecidas más frecuentes y la subida del nivel del mar, la expansión de
la desertización en los países del sur y la disminución de reservas de agua
dulce demuestran la variedad de consecuencias nefastas vinculadas al cambio
climático que afectan a las poblaciones, los ecosistemas y los recursos, así
como a las infraestructuras y la calidad de vida. El estudio PESETA se refiere,
en particular, al impacto sobre la agricultura, la salud humana, el turismo, las
cuencas hidrográficas y las costas en Europa.
Según el análisis de impacto efectuado por la
Comisión, las inversiones necesarias para mantener la concentración de gases de
efecto invernadero en 450 ppmv supondrían alrededor del 0,5 % del PIB
mundial en el período 2013-2030. El crecimiento del PIB mundial sólo se
reduciría en un 0,19 % anual hasta 2030, lo que no representa sino un
pequeño porcentaje del índice de su crecimiento anual, previsto en un
2,8 %. Por otra parte, la Comisión destaca que se sobreestima el coste
global requerido, ya que no se tienen en cuenta las repercusiones positivas
vinculadas a la lucha contra el cambio climático.
Una acción conveniente en el ámbito del cambio
climático sería, efectivamente, fuente de considerables beneficios, incluso en
términos de daños evitados. Así, una reducción en la utilización de fuentes de
energía fósiles (en particular, petróleo y gas) permitirá disminuir los costes
vinculados a la importación de estos recursos y reforzará significativamente la
seguridad del abastecimiento energético. Del mismo modo, la reducción de las
emisiones de CO2 contribuirá a mejorar la calidad del aire, generando,
así, grandes ganancias en el ámbito de la salud. Además, la mayoría de los
estudios ponen de manifiesto que la política de lucha contra el cambio
climático tendrá repercusiones positivas sobre el empleo, por ejemplo en el
ámbito de las energías renovables o la tecnología punta.
Las repercusiones positivas vinculadas a la lucha
contra el cambio climático no se limitarán únicamente a las fronteras europeas.
Deben, en efecto, esperarse beneficios similares en otros países, especialmente
en lo que se refiere a la seguridad del abastecimiento energético y a la
calidad del aire, si adoptan medidas similares a las adoptadas en Europa.
Medidas en la UE
La UE ha demostrado ya, por su acción interna, que es
posible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sin comprometer el
crecimiento económico. La Comisión destaca que aún son posibles importantes
reducciones de las emisiones y recuerda el compromiso de la UE de proseguir con
las medidas adoptadas, profundizarlas y adoptar otras nuevas.
La Comisión propone que la UE adopte objetivos
de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pide que
la UE se fije por objetivo, en el marco de las negociaciones internacionales,
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los países
desarrollados en un 30 % (respecto de su nivel de 1990) de aquí a 2020.
Hasta la celebración de un acuerdo internacional, y sin perjuicio de la
posición que tome en las negociaciones internacionales, la UE debería, desde
este momento, asumir el compromiso firme e independiente de reducir sus
emisiones internas en, al menos, un 20 % de aquí a 2020. En el Consejo
Europeo de marzo de 2007, los Estados miembros se comprometieron también
firmemente a actuar en favor de estos objetivos.
Conforme al análisis estratégico de la política
energética de la UE (véase «Actos conexos»), la Comisión recomienda las
siguientes medidas energéticas:
·
Mejorar
la eficiencia energética de la UE en un 20 % de aquí a 2020;
·
aumentar el
porcentaje correspondiente a las energías renovables en un 20 % de aquí a 2020;
·
desarrollar
una política de captura y almacenamiento geológico del carbono que preserve el medio ambiente.
La Comisión considera que es necesario proceder al
refuerzo del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero (RCCDE) mediante,
entre otras, las siguientes medidas:
·
aumentar la
duración de atribución de las cuotas a más de cinco años, como es el caso
actualmente;
·
ampliar el
régimen a otros gases y sectores;
·
armonizar
los procedimientos de atribución de las cuotas entre los Estados miembros;
·
relacionar
el RCCDE con los sistemas obligatorios compatibles existentes en otros Estados
no pertenecientes a la UE (por ejemplo, en California y en Australia).
Con el fin de reducir las emisiones del sector de
los transportes, la Comisión pide al Consejo y al Parlamento
adoptar, cuando proceda, sus propuestas relativas a la inclusión de los
transportes aéreos en el RCCDE y a la modulación de los impuestos de los
vehículos de turismo en función de sus emisiones de CO2. También se prevé
la reducción de las emisiones de CO2 generadas por los vehículos, en particular para alcanzar el
objetivo de 120 gramos de CO2 por kilómetro (g CO2/km). Por otro
lado, la Comisión destaca la necesidad de reforzar la acción entre los
consumidores y reducir las emisiones producidas por el transporte de mercancías
por carretera y el transporte marítimo, así como por los biocarburantes.
Además, la Comisión se inclina por una reducción de
las emisiones de CO2 en otros sectores, por ejemplo, gracias a
la mejora de la eficiencia energética de los edificios comerciales y residenciales.
Recomienda también una reducción de otros gases, en particular
gracias a la aplicación y al aumento de medidas en el ámbito agrícola y forestal; a la
fijación de límites para las emisiones de metano por parte de las industrias y
de los motores de gas o la inclusión de estas fuentes de emisión en el RCCDE; a
medidas más estrictas para el caso de los gases de efecto invernadero fluorados; y a acciones emprendidas en relación
con los óxidos nitrosos generados por la combustión y por las grandes
instalaciones.
Es también importante movilizar rápidamente los
recursos financieros destinados a la investigación sobre el
medio ambiente, la energía y los transportes en virtud del Séptimo Programa Marco comunitario y aumentar el presupuesto asignado a la
investigación después de 2013, con el fin de promover el desarrollo de las
tecnologías limpias y de los conocimientos en el ámbito del cambio climático.
Los Planes de acción sobre la tecnología energética y tecnología ambiental habrán de aplicarse en su totalidad.
Deberán aplicarse igualmente las orientaciones
estratégicas en materia de cohesión que
contribuyan al desarrollo de sistemas de transporte y energía sostenibles y
promuevan las técnicas respetuosas del medio ambiente.
Acción internacional
La batalla contra el cambio climático sólo puede
ganarse a través de una acción a nivel mundial. Las negociaciones
internacionales deben superar la fase de la retórica y llegar a compromisos
concretos.
La Comisión considera así que los países
desarrollados deben comprometerse a reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero en un 30 %, respecto de los niveles de 1990, de aquí a
2020, en el marco de un régimen internacional posterior a 2012. Los países
desarrollados disponen también de la capacidad tecnológica y financiera
necesaria para reducir sus emisiones. Por consiguiente, los países
desarrollados deberían asumir la mayor parte del esfuerzo requerido durante la
próxima década. Los regímenes de comercio de derechos de emisión constituirán
instrumentos esenciales para permitir a los países desarrollados alcanzar sus
objetivos de manera rentable.
El crecimiento de la economía y de las emisiones
en los países en desarrollo hace, por tanto, indispensable que
éstos comiencen a limitar el aumento de sus emisiones tan pronto como sea
posible y reduzcan sus emisiones en términos absolutos a partir de 2020: de
aquí a 2020, estos países serán responsables de más de la mitad de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Muchos países en desarrollo están haciendo ya grandes
esfuerzos para reducir el aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero, a través de políticas que abordan cuestiones económicas, de
seguridad o de medio ambiente local. Además, tienen a su disposición muchas
soluciones que presentan beneficios superiores a los costes, como pueden ser la
mejora de la eficiencia energética, la promoción de las energías renovables, la
aplicación de políticas de calidad del aire y la recuperación del metano
procedente, por ejemplo, de los vertederos.
Los elementos siguientes deberían ayudar a reforzar la
acción de estos países:
·
la
ampliación y la racionalización del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
previsto por el protocolo de Kioto en sectores nacionales enteros;
·
la mejora
del acceso a la financiación mediante una combinación de los distintos
instrumentos disponibles, con el fin de permitir que los países en desarrollo
dispongan de instalaciones de producción de electricidad lo más «limpias»
posibles;
·
la
instauración de regímenes de comercio de derechos de emisión en aquellos
sectores industriales que cuenten con capacidades adecuadas de control de las
emisiones;
·
la adopción
de compromisos cuantificados apropiados por parte de los países que hayan
alcanzado un nivel de desarrollo comparable al de los países desarrollados;
·
la ausencia
de compromiso para los países menos desarrollados.
Por último, el acuerdo internacional que debe
negociarse debería tener en cuenta elementos como el refuerzo de la cooperación
en materia de investigación y desarrollo tecnológico, el cese de la
deforestación y la rehabilitación de las zonas forestales, y la adaptación a
los impactos inevitables del cambio climático, así como la conclusión de un
acuerdo internacional sobre las normas de eficiencia energética.
Contexto
Esta Comunicación es continuación de la Comunicación de 2005, que pone las bases de una futura estrategia de lucha
contra el cambio climático(véase la rúbrica de «Actos conexos»). Las medidas
propuestas en esta estrategia están estrechamente ligadas al «paquete de
energía» publicado por la Comisión en enero de 2007, que define una nueva
política energética europea y en el cual se fijan algunos objetivos
cuantitativos.
Según las investigaciones científicas, las
concentraciones actuales de CO2 y metano en la atmósfera son las más
elevadas desde hace 650 000 años, lo que tiene como consecuencia una
aceleración considerable del fenómeno del efecto invernadero. Para estabilizar
el calentamiento del planeta a 2 °C por término medio, será necesario que,
de aquí a 2050, las emisiones mundiales disminuyan en un 50 % respecto de
1990, lo que supone reducciones en los países desarrollados del orden del
60 al 80 % hasta 2050 y una implicación progresiva importante
por parte de los países en desarrollo.
Comunicación de la Comisión de 9 de marzo
de 2010 denominada «La política climática internacional posterior a
Copenhague: una intervención inmediata para reactivar la lucha global contra el
cambio climático» [COM(2010) 86 final – no publicada en el Diario
Oficial].
Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de
2007, «Una política energética para Europa» [COM (2007) 1 final - no
publicada en el Diario Oficial].
Esta
Comunicación es el pilar sobre el que se basa el paquete de medidas presentadas
por la Comisión en enero de 2007 («paquete de energía»). Después de haber
examinado los retos que se plantean en materia energética en Europa, en
particular el cambio climático y la seguridad de abastecimiento de la UE, la
Comisión enumera una serie de acciones vinculadas, entre otras cosas, al
mercado interior de la energía, la seguridad del abastecimiento, la eficiencia
energética, las fuentes de energía renovables, las tecnologías energéticas o
incluso la política energética internacional.
Última
modificación: 31.08.2011
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