Las agencias de
viajes presentan alegaciones al anteproyecto de ley sobre la directiva
Bolkestein
MADRID, 02 de Febrero de 2009 (EUROPA
PRESS)
Las asociaciones españolas de agencias de viajes, Amave, Ucave, Agavi, Avibe,
Aevav, Aedav y Acav han presentado a mediados de enero una serie de alegaciones
al anteproyecto de ley sobre la directiva Bolkestein ante la Subdirección
General de Comercio Interior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Según recuerdan dichas asociaciones, a partir de diciembre de 2009 el
ordenamiento jurídico español incluirá la Directiva europea 2006/123 CE, la
Directiva Bolkestein, que regula el libre acceso y ejercicio de las actividades
de servicios.
El objeto del anteproyecto es establecer las disposiciones y principios
necesarios para garantizar el libre acceso y el ejercicio de las actividades de
servicios, realizadas en territorio español por prestadores establecidos en
España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.
Tras analizar el contenido de este anteproyecto, las asociaciones de agencias
de viajes han encontrado que, al abordarse la trasposición de la nueva ley
mediante la elaboración de una "ley horizontal" no se ha tenido en
cuenta las necesidades y particularidades propias del sector de las agencias de
viajes.
"Las asociaciones firmantes consideran que la transposición de esta
directiva a nuestro ordenamiento jurídico no va a suponer como se pretende una
oportunidad para mejorar el nivel de calidad de los servicios, por lo menos en
lo que hace referencia a los servicios turísticos, debido a la ausencia de
mecanismos de control efectivos poco definidos en el redactado del
anteproyecto", destaca la nota.
Las asociaciones señalan que la eliminación de trámites y regímenes de
autorizaciones establecida en el anteproyecto, aunque facilitará el libre
acceso, también contribuirá a que "profesionales de toda índole"
accedan a la prestación de servicios turísticos, sin conocimientos ni
especialización lo "que en nada contribuirá a incrementar la calidad sino
al desprestigio de la actividad desarrollada por los agentes de viajes".
Asimismo la liberalización que se pretende con esta normativa pone, a juicio de
los firmantes, en "grave riesgo" la protección de los derechos de los
consumidores, por el cual se considera imprescindible se preserve un régimen de
autorización en lo que respecta al sector de las agencias de viajes que otorgue
a los consumidores "seguridad" en relación a los prestadores de
servicios turísticos con los que contraten.
Las agencias han presentado alegaciones con respecto a la prestación de
servicios, a la simplificación administrativa, a los regímenes de autorización,
a la cooperación administrativa, a la creación de una ventanilla única, a la
política de calidad de los servicios y a las obligaciones de los prestadores en
materia de reclamaciones.
Por último, las asociaciones mostraron su "inquietud" por la no
mención en el anteproyecto de la capacidad sancionadora de la administración
española "en los casos de incumplimientos de los prestadores de servicios
diferentes de la obligación de información", lo que provoca una
"clara indefensión" de los consumidores que podrían tener que
recurrir al país donde esté establecido el prestador en casos por ejemplo de
incumplimiento contractual o quiebra.
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