Art 352 - El Poder de las grandes potencias X

 

Núm. 352 enero 2026 - Gaceta del Taxi

 

EL PODER DE LAS GRANDES POTENCIAS DEL MUNDO X

 

Algunos de vosotros podríais pensar que estoy en contra de la tecnología, que desconfío de ella o que preferiría un mundo más lento, analógico y desconectado. Nada más lejos de la realidad. “Mi opinión una opinión más, es muy clara, apoyo el progreso tecnológico, excepto cuando se utiliza como herramienta para destruir sectores tradicionales. Entiendo que, si la tecnología está para quedarse, -como nos han ido inculcando-, también entiendo que debería ser una herramienta útil para ayudar en esos avances a las actividades profesionales (sector del taxi). Es decir, la tecnología, bien entendida y bien utilizada, ha sido una de las mayores palancas de progreso de nuestra historia reciente. Nos ha permitido comunicarnos mejor, aprender más rápido y acceder a oportunidades que antes estaban reservadas a unos pocos.

Sin embargo, hemos atravesado momentos especialmente muy duros, donde determinadas plataformas digitales, esas que se autodenominan disruptivas, amparadas en discursos engañosos y estrategias deliberadamente manipuladoras, atacaron nuestra actividad con el único objetivo de dominar el ámbito de la movilidad con nuevos modos de transporte. Por este motivo, no puedo, ni debo hablar bien de estas aplicaciones “disruptivas”, porque conocemos perfectamente el camino que siguieron y las prácticas que emplearon para alcanzar sus fines.

En artículos anteriores, señalé cómo la nueva economía digital había generado un inmenso ecosistema formado por inversores globales — fondos de alto riesgo, consultoras, venture capital, private equity y entidades asesoras — alimentando a ciertas StartUp en la búsqueda de irrumpir en sectores tradicionales regulados a los que poder introducir la disrupción para provocar una competencia desleal abrasiva contra nuestro sector.

Estos actores, que se autoproclaman motores de innovación, han construido en realidad un modelo que desborda los marcos democráticos tradicionales: un capitalismo digital sin fronteras que altera los cimientos de sectores enteros, desestabiliza la competencia y erosiona derechos laborales y sociales conquistados durante décadas. No respetan las normas legalmente establecidas porque este nuevo sistema ya impone sus normas. Es decir, modelan mercados enteros a su antojo y condicionan decisiones políticas que terminan erosionando derechos sociales desmantelando progresivamente, los pilares de los servicios del Estado del Bienestar.

La digitalización prometía progreso, eficiencia y nuevas oportunidades. Sin embargo, la realidad es que ha servido como excusa para abrir mercados públicos —movilidad, vivienda, comunicación, transporte, energía—, a corporaciones cuyo único objetivo es la acumulación acelerada de riqueza. La “disrupción” no ha sido tecnológica: ha sido político-económica. Por tanto, esta parte de la innovación tecnología no construyen futuro: especulan con él.

En apenas veinticinco años, hemos pasado de un mundo analógico a una hiperconectividad total: Internet, banda ancha, ordenadores portátiles, smartphones, 5G, IoT, IA, realidad virtual, administración electrónica… Este avance, incuestionable desde el punto de vista científico, ha generado un nuevo poder global: la capacidad de recolectar, almacenar, monetizar y manipular datos a escala masiva que están fuera del alcance de las políticas económicas de cualquier Estado. Este progreso a construido un nuevo campo de batalla económico en el que los oligopolios digitales dominan datos, mercados, y decisiones sociales mediante plataformas globales (StartUp), ya no son empresas tecnológicas, son infraestructuras de poder privado que entran a formar parte en la movilidad, la vivienda, la comunicación digital, la logística, la publicidad, la IA, las relaciones sociales y, cada vez más, los servicios públicos externalizados. Su objetivo no es competir, sino convertirse en indispensables. Y cuando un actor privado controla un servicio esencial, el poder democrático retrocede cediéndoles el espacio.

En todo este entramado, las plataformas digitales (StartUp) han sustituido a los tradicionales estudios de mercado por algoritmos que predicen comportamientos; han desplazado industrias enteras mediante modelos de negocio que no dependen de la eficiencia productiva sino del control del flujo de información. El valor ya no está en los servicios, sino en la posición dominante. Las plataformas dejaron atrás los estudios clásicos de mercado: ahora manejan millones de datos en tiempo real, anticipan comportamientos y controlan, desde sus algoritmos, la relación entre usuarios, precios y servicios. Y luego dicen: analistas, jurídicos, cronistas del mundo periodístico ¿qué el sector del taxi tiene que competir, contra este poder?

Todas estas plataformas disruptivas (StartUp) que se dedican a la centralización de la movilidad (aplicaciones por todos conocidas) no solo se presentaron como innovación, sino que detrás de su careta simbolizan la colonización de sectores públicos a través del capital financiero bajo la apariencia de “modernización” o “movilidad inteligente”. Estas plataformas no solo intermedian, por mucho que quieran situarse al amparo de la Ley de los Servicios de la Información, sino que actúan como verdaderas empresas operadoras del transporte, sin asumir obligaciones, fijando precios al margen de los costes reales, imponiendo actividad mínima a sus empresas aliadas, forzando al sistema legislativo en eliminar restricciones para poder expandir flotas sin límites en la búsqueda de una economía de escala que rentabilice el capital de los inversores y por supuesto aumente aún más su poder digital, y por último juegan con su mejor baza que consiste en operar desde matrices situadas en paraísos fiscales para que supuestamente puedan eludir cualquier responsabilidad fiscal o laboral. Por tanto, no compiten: colonizan mercados.

Las plataformas digitales han entendido mejor que nadie una cosa: hoy el poder no se ejerce desde los parlamentos, sino desde el lobby. Mientras los legisladores trabajan con ritmos del siglo XX, estas empresas operan con la velocidad del siglo XXI. Su estrategia es clara: 1) presionan a gobiernos para introducir su definición interesada de “economía colaborativa”; 2) financian estudios académicos y consultoras para legitimar su modelo de negocio; 3) capturan reguladores mediante técnicas de door opening y puertas giratorias; 4) moldean el debate público mediante campañas millonarias y, 5) amenazan con desinversión cuando una norma les incomoda. El resultado es la subordinación progresiva del legislador a las necesidades de los inversores. El ciudadano deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser un mero “usuario”.

Europa, intenta ahora compensar su demora generando un tsunami normativo, a través de reglamentos y directivas, empezando desde el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) que es una norma fundamental de privacidad en toda la UE;  la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales) Ley española que desarrolla el RGPD y establece derechos digitales específicos (intimidad, olvido, neutralidad de Internet); también desarrollaron la LSSI-CE (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico) que regula el comercio electrónico y los servicios digitales; junto con la Ley de Servicios Digitales (DSA) y Ley de Mercados Digitales (DMA) (UE) Normas recientes que regulan plataformas, intermediarios y grandes tecnológicas; sin olvidarme del Reglamento de Inteligencia Artificial (IA) (UE) primera legislación integral sobre IA, clasificando sistemas por riesgo, finalizando por el momento, con las Leyes de Ciberseguridad, como la Directiva NIS europea y transposiciones nacionales (Real Decreto-ley 12/2018 en España) para la seguridad de redes. Todo un amplio arsenal de regulaciones donde Europa presume de “mejora regulatoria” pero la realidad es otra: que, lejos de construir soberanía digital, ha generado un laberinto burocrático que dificulta la innovación europea mientras deja intacto el poder de los gigantes tecnológicos, con normas extensas, técnicamente complejas, difíciles de entender incluso para expertos.

Así, lo detallan varios indicadores que miden aspectos de la gobernanza y la calidad regulatoria, como los Indicadores Mundiales de Gobernanza (WGI) del Banco Mundial (que incluyen "Calidad Regulatoria"), el European Quality of Government Index (EQI) (enfocado en servicios públicos y corrupción) y el Índice de Complejidad Regulatoria (que analiza la dificultad de las normas). “El periódico libertad digital remarca el índice europeo de calidad regulatoria de Epicenter: de cuya conclusión se extrae que, son normativas cada vez más extensas, farragosas, muy técnicas, opacas e incapaces de abordar los problemas reales.

Europa presume de “Better Regulation”, pero aprueba leyes que casi nadie entiende —y que las grandes tecnológicas sortean con facilidad mediante departamentos legales que un autónomo o una PYME jamás podría pagar—. El mercado queda liberalizado; el legislador, paralizado”. El resultado es una hiperregulación caótica que no ha impedido que las plataformas pierdan un terreno que no es de su propiedad. Más normas no significan más control, y el taxi lo sabe, donde a la fuerza asume una competencia desleal legitimada por el propio marco institucional. Visto este panorama en la esfera internacional, la UE. intenta recuperar protagonismo tecnológico, pero lo hace desde una inferioridad estructural frente a gigantes estadounidenses y asiáticos, porque mientras regula sin rumbo, escribiendo páginas y páginas de leyes, las plataformas avanzan con rapidez empresarial y músculo financiero. Los EE.UU. domina las plataformas, China la infraestructura tecnológica y los inversores globales controlan sectores estratégicos europeos. El viejo continente ya no fija las reglas: tan solo las interpreta. El taxi, es un termómetro de este fenómeno: si Europa no es capaz de proteger un sector esencial, como servicio público o actualmente de interés público general ¿cómo va a proteger su soberanía digital?

Bajo mi punto de vista, las instituciones -europeos y nacionales- han reaccionado tarde, ya que observan —cuando no facilitan— el proceso mediante normativas ambiguas, confusas, vacíos regulatorios y una incapacidad crónica para anticipar los efectos de las exigentes desregulaciones. Y ahora, cuando el mercado ya está desequilibrado, fingen escandalizarse. Demasiado tarde. Pienso que estos procesos legislativos tan farragosos favorecen, en la práctica, a quienes cuentan con despachos jurídicos millonarios y ejércitos de lobistas.

La conclusión a la que llego es clara: La competencia desleal disruptiva, la hemos sufrido económica y psicológicamente en primera línea durante más de una década. Hechos que alguno día tendrá que tener su resarcimiento del daño sufrido, reconocido por vía judicial como sistema garantista de protección de actividades vulnerables, porque la batalla es política, no tecnológica. La economía digital ha forzado ciertas transferencias de poder: del Estado a las plataformas, del ciudadano al algoritmo, de los sectores regulados a los inversores globales. Europa está a tiempo de reaccionar, pero no mediante más normativas opacas, sino mediante una política económica y digital valiente, que recupere el control público frente a gigantes privados. Porque si no se actúa, el futuro lo escribirán fondos de inversión que no votan, no rinden cuentas y no tienen mayor interés que convertir cada aspecto de la vida en un producto financiero. Y, cuando eso ocurre, la democracia deja de ser un sistema político y se convierte en un mercadeo, donde me reservo añadir, algún que otro adjetivo. Continuará… Feliz año 2026

Cita: Quizá el verdadero avance no consista en tener más dispositivos, más aplicaciones o más velocidad, sino en desarrollar una relación más consciente con la tecnología. Una en la que vuelva a estar al servicio de las personas y no al revés.  Manu Sánchez. (1775)