La sentencia del Tribunal de Justicia de junio que anula la Contribución Especial para la ejecución del Plan de Viabilidad y Modernización del sector ha causado perplejidad
en la mayor parte del sector y, sobre todo, ha echado por
tierra todo un proyecto que se fue construyendo y negociando a lo largo de más de cinco años y que lo que pretendía era encontrar un equilibrio óptimo entre la oferta y
la demanda de taxis con el fin de que el taxista pudiera
obtener una mayor rentabilidad de su actividad.
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