NOTA DE PRENSA
24 de septiembre de 2014
Dº EUSTAQUIO JIMÉNEZ MOLERO, Portavoz Socialista de Consumo en la Asamblea de Madrid, solicita la PETICIÓN DE COMPARECENCIA ante la Comisión de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, del Director General de Transportes del Gobierno de la Comunidad de Madrid con objeto de informar de la aplicación UBER, en la Comunidad de Madrid “si la aplicación es ilegal que se impida y si es legal que se prohíba, entre otras cosas por la seguridad de los usuarios del servicio del taxi” Hay que defender a los profesionales y a los usuarios. Asimismo en dicha comparecencia formularemos pregunta de respuesta oral ante la Comisión de Transporte, Infraestructuras y Vivienda. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para impedir la puesta en marcha de la aplicación UBER?
Por su parte, Manuel Sánchez, coordinador del grupo
regional del taxi del PSM-PSOE, ha señalado que en el mes de mayo del presente
año, tanto el diputado socialista Eustaquio Jiménez y la diputada socialista
Victoria Moreno, preguntaron al Gobierno del PP de Ignacio González sobre si se
iba ha adoptar alguna iniciativa para garantizar que la comercialización de la
aplicación Uber (plataforma para contratar trayectos urbanos entre
particulares) cumple con toda la legislación vigente de la Comunidad de Madrid,
tanto en normativa tecnológica como en normativa de transporte. Obteniendo una decepcionante respuesta del
viceconsejero, reconociendo que la Comunidad de Madrid no había hecho nada y
que no lo iba a hacer, ni siquiera investigar la legalidad, hasta que no esté
implantado el servicio en nuestra ciudad”.
Esta desidia del Gobierno del PP se interpretó como
una “irresponsabilidad manifiesta”, ya que considerábamos que antes de que
empezara a funcionar esta aplicación, se debía certificar que garantiza los
derechos de los usuarios y consumidores, así como la correcta prestación del servicio,
puesto que el pasajero “se puede encontrar sin protección”.
A su vez el diputado Eustaquio Jiménez reitero la preocupación de los socialistas de
la región por que este tipo de aplicaciones pudieran “derivar y fomentar la
económica sumergida”. “Pidiendo que se pusieran manos a la obra para garantizar
los derechos de los usuarios, de los consumidores y de los profesionales del
sector del taxi”.
